La Justicia desafió al Gobierno por una supuesta ola de renuncias de jueces, fiscales y funcionarios del área en caso que se aprobara la reforma que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación.
Fernando Larraín, Miguel Caminos, Ricardo Rojas, Beatriz Bistué, María Cristina Bértola, Jorge López, Roberto Ponce y Carlos González, son algunos de los funcionarios judiciales que renunciaron en protesta por la eliminación de jubilaciones de privilegio impulsada por el gobierno.
Incluso, la Justicia envió una advertencia sobre la cantidad de funcionarios que podrían presentar su renuncia en los próximos días, en caso de que se sancione la reforma en ambas cámaras.
"Ante la incertidumbre muchos están evaluando la posibilidad de irse y si eso ocurre generaría un montón de problemas”, explicó a la agencia federal Télam el presidente de la Asociación de Magistrados judiciales, Marcelo Gallo Tagle.
Desde las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina defendieron sus jubilaciones y negaron que sean “de privilegio”, como las definió el presidente Alberto Fernández, y aseguraron que están “preocupados” por el avance de la normativa.
Sin embargo, los números reales dejan en evidencia que las jubilaciones de los jueces son, cuanto menos, privilegiadas respecto a el grueso de la sociedad. Según datos oficiales son ocho mil personas con haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes, lo que representa un 3% del presupuesto para jubilaciones de todo el país.
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"El proyecto tal cual está tiene un sinnúmero de problemas que nosotros consideramos que llevarían a la inconstitucionalidad", amenazó Galle al gobierno