En rueda de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno les enviará a las organizaciones sociales la factura del protocolo antipiquete, el cual se desplegó durante las protestas del pasado miércoles.
El vocero había anticipado que el gasto del operativo debe ser asumido por las organizaciones sociales y, según las estimaciones, el protocolo antipiquete costó alrededor de $60.000.000.
Se esperan más movilizaciones contra las medidas del Gobierno.
Adorni, además, explicó que estas deberán pagar la factura del protocolo antipiquete porque “este es un gasto que no le corresponde a la ciudadanía”.
En ese sentido, en las próximas horas, el Gobierno presentará de manera oficial un informe sobre los costos de la operación y de las organizaciones que participaron en la jornada de protestas del miércoles contra el ajuste del presidente Javier Milei.
Según el vocero, de acuerdo con datos preliminares, en total fueron 14 las que se congregaron en la Plaza de Mayo y distintos puntos del microcentro porteño.
“Son cerca de 60 millones de pesos, las facturas serán pasadas a las 14 organizaciones sociales que tenemos identificadas como las convocantes. Entre otros están el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, Cuba MTR, Libres del Sur, Fol, Barrios de Pie, MTE, Patria Justa, entre otros”, expresó en relación con el monto del operativo.
Adorni destacó el éxito del operativo.
Asimismo, el funcionario ratificó que habrá sanciones para quienes incumplieron con la ley y se procederá a retirar los planes sociales a quienes hayan realizado cortes de calles.
El Gobierno llevó a la Justicia las denuncias de extorsión para asistir a las protestas
El vocero presidencial informó que se llevaron ante la Justicia las denuncias recibidas a través de la línea 134, sobre los casos de extorsión a beneficiarios de planes sociales para obligarlos a ir a las protestas.
“Hemos hecho la denuncia por extorsión y defraudación de planes sociales del Estado en la Justicia Federal. Nos llegaron en total 16.150 llamadas y encontramos que en más de 1.000 había alguna posibilidad de configuración de delito”. En ese sentido, aseguró que se han identificado a algunos de los responsables, a quienes les caerá todo el peso de la ley.