A partir de hoy, todos los miércoles al mediodía, las universidades dictarán clases públicas frente al Congreso hasta que se discuta el presupuesto, en especial el capítulo universitario.
La decisión de las universidades hace parte del plan de lucha que emprendieron las instituciones desde hace semanas en reclamo de mayor presupuesto, luego de que el Congreso ratificara el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario.
En ese marco, las universidades llevan adelante esta semana, asambleas, toma de facultades y jornadas de visibilización, con el objetivo de presionar al Gobierno para que dé respuestas sobre la crisis presupuestaria.
En el día de ayer, las instituciones realizaron una jornada con más de 100 clases públicas en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, en rechazo al desfinanciamiento gubernamental a las instituciones y a la comunidad de docentes y no docentes.
Las protestas se extenderán hasta el viernes.
En tanto, el paro de 48 horas que inició el pasado lunes, promovido por el Frente Sindical Universitario, tuvo una adhesión superior al 90 % en todo el país, lo que da cuenta de un altísimo acatamiento.
Aunque el paro ya terminó, el reclamo por la recomposición salarial y mayor presupuesto se mantiene también con otras medidas de visibilización. Las jornadas de protesta se replican en todas las provincias.
El presupuesto se debate esta semana en el Congreso.
Adicionalmente, la FUA (Federación Universitaria Argentina), prepara una masiva movilización para el jueves a las 14:00 horas frente al Congreso, para reclamar a los legisladores que no aprueben el presupuesto.
El secretario de Educación va al Congreso a defender el presupuesto
En medio del conflicto con las instituciones educativas, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, se presentará este jueves en la Cámara de Diputados para defender el presupuesto del próximo año.
El secretario defenderá el ajuste de Milei.
Se espera que la exposición de Torrendell tenga cruces con la oposición, tanto del peronismo como del radicalismo, por el recorte presupuestario. Cabe recordar que el proyecto establece $3,8 billones para las casas de altos estudios, cuando ellas reclaman $7,2 billones, es decir, que el Gobierno recortará casi la mitad del financiamiento.