El Gobierno, a través de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), anunció que dará de baja a más de 200 mil beneficiarios de pensiones y asignaciones.
La cifra surge de un relevamiento que realiza el organismo para corroborar que las personas que se benefician de las distintas prestaciones de la ANSES cumplan con todos los requisitos.
Comunicado de prensa del Ministerio de Capital Humano.
En ese marco, la ANSES, determinó que 283 titulares de la AUE (Asignación Universal por Embarazo) tenían “presuntas irregularidades en la tramitación y obtención del beneficio”.
El Gobierno denunció que "hubo asignaciones fraudulentas" con documentación falsa y certificados médicos apócrifos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Gallegos y distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires.
Se presentaron certificaciones sobre embarazos falsos.
El organismo logró determinar que hubo un patrón de falsificación en el que también están involucrados médicos, quienes emitían los certificados con matrículas inválidas o especialidades que no correspondían a la obstetricia.
Ante ello, el Gobierno presentó la denuncia correspondiente ante el juzgado federal de Sebastián Ramos y ante la fiscalía de Ramiro González en los tribunales de Comodoro Py, quienes serán los encargados de determinar qué pasará con los infractores.
Se otorgaban las asignaciones con información falsa.
Asimismo, la Justicia deberá determinar si hubo algún tipo de responsabilidad en los hechos por parte de las titulares de AUE y las consecuencias legales que esto podría acarrear.
Más bajas de beneficiarios
Por otro lado, el organismo dará de baja 200.000 Pensiones no Contributivas, dado que los titulares no cumplían con el requisito sobre la situación económica individual y del grupo familiar que se encuentran vigentes.
El Gobierno avanza con auditorías de los beneficiarios de sus programas.
Asimismo, los beneficiarios de asignaciones familiares que hayan salido del país por un plazo mayor de 90 días, podrán ser sancionados o perder el beneficio económico que otorga el organismo, ya que esta condición es incompatible con los requisitos del programa.