Continúa el conflicto entre la ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y el Gobierno. En las últimas horas, el gremio definió por unanimidad convocar a un nuevo paro de 24 horas.
La protesta del sindicato se da en respuesta al anuncio del Ministerio de Justicia, sobre despedir a los miembros de la ATE que paralizaron las sedes del Registro Automotor.
Comunicado del Ministerio de Justicia.
“Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos”, advirtió el secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar. El gremio, además, rechaza categóricamente los exámenes que el Gobierno pretende realizar para demostrar la idoneidad de los trabajadores.
De dichas pruebas dependerá, según señalan, que el trabajador puede continuar o no en su cargo, algo que la asociación considera como ilegal. De esta manera, llevarán adelante un paro el próximo 5 de diciembre.
En paralelo, se realizarán protestas y otras medidas de fuerza en días previos al paro. Además, no descartan una movilización masiva a nivel nacional o huelgas en las organizaciones gubernamentales.
“En este momento la persecución y el maltrato son sistemáticos en todas las áreas del Estado. Crecen los niveles de autoritarismo y violencia, pero tienen que saber que no les tenemos miedo”, aseguró el dirigente estatal.
La decisión se tomó en el Plenario Federal de Delegados realizado en el anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato, en el que participaron más de mil dirigentes de todo el país.
Cuáles son los reclamos
El sindicato reclama una urgente recomposición salarial, ya que en la última paritaria se otorgó solo un aumento del 3 % en dos tramos, por lo que remarcan que la pérdida del poder adquisitivo de los estatales ya supera el 39 % en lo que va del año.
También manifiestan su rechazo al Sistema de Evaluación Pública, mediante el cual pretenden evaluar a trabajadores con 10, 15 y hasta 20 años de trayectoria en el Estado. Además, exige el cese de los despidos, la reincorporación de todos los ilegítimamente cesanteados, y el freno a la privatización de empresas estatales.