La Corte Suprema de Justicia determinó que Cristina Kirchner y su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner, deberán ir a juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces, en la que se le acusa por lavado de dinero y asociación ilícita.
En noviembre de 2021, el Tribunal Criminal Federal N° 5 había sobreseído a la exvicepresidenta y al diputado, y había declarado la imposibilidad de seguir con el proceso contra Cristina Kirchner.
La Corte rechazó el recurso que presentó la expresidenta.
Tras aquel fallo, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de Casación. En septiembre de 2023, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos, por lo que la defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso extraordinario federal, que fue declarado inadmisible.
A razón de ello, presentó un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente fue rechazado, entre otras razones, porque los planteos están dirigidos contra un fallo que no es sentencia definitiva.
Máximo Kirchner también es investigado.
“La defensa no ha logrado demostrar un agravio actual, concreto y real, diferente al mero hecho que implica el sometimiento al proceso penal de los aquí recurrentes, razón por la cual la sentencia apelada no constituye una sentencia definitiva ni es equiparable a tal, y no se verifica circunstancia excepcional alguna que justifique la intervención de esta Corte”, indicaron.
De esta manera, la expresidenta y su hijo deberán ir a juicio oral por la causa que involucra a los hoteles, propiedad de la familia Kirchner, y se suma al juicio que tiene pendiente por la firma del memorándum con Irán y al que afrontará por el caso de los cuadernos de las coimas.
Las empresas fueron creadas por Néstor y Cristina Kirchner.
La causa “Los Sauces-Hotesur” tiene 27 acusados, entre los que están la exvicepresidenta, su hijo, allegados directos, exfuncionarios y empresarios privados que participaron de lo que la justicia de instrucción calificó como “un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito”.
Qué se investiga
Lo que intenta determinar la justicia, es sí a través de las sociedades Los Sauces y Hotesur se canalizaron fondos del Estado nacional de manera ilegal, específicamente con contratos de alquileres.
El caso además está conectado con la causa Vialidad. La hipótesis es que como contraprestación por haber recibido millonarios contratos de obra pública, Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner millones de pesos justificados como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles de Calafate.