Una de las promesas de Javier Milei y su gabinete a la hora de asumir en el poder era que nadie iba a tener impunidad de ningún modo. Eso quería decir que aplicarían "mano dura" con todos los que delincan y también con los presos que tengan privilegios dentro de las cárceles.
Esto le ha traído muchos problemas en Rosario, donde gran parte de los detenidos tras las rejas son narcos peligrosos que han lanzado distintas amenazas contra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y también al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Pero ahora redoblaron la apuesta y desde el Gobierno obligarán a los presos a trabajar sin recibir un pago a cambio por los servicios prestados.
Según destacaron en el Boletín Oficial, ahora todos los reclusos tendrán que participar de tareas de mantenimiento, aseo, higiene y limpieza dentro del penal. Esto será obligatorio en todas las cárceles del país para todo aquel que cumpla una condena y, además, advierten que no se entregará una remuneración por ello.

Patricia Bullrich dijo que así "se terminará la vagancia" cuando lanzó el programa.
Se espera que esto genere un gran conflicto entre el oficialismo y la oposición, ya que el Partido Justicialista junto al Frente de Izquierda se han mostrado en contra de recrudecer las medidas contra los presos. Pero también saben bien que será muy difícil que el Gobierno nacional de marcha atrás con esta decisión.
Para finalizar, la Resolución 1346/2024, las autoridades estatales advierten que serán unas cinco horas de trabajo en las que los aprehendidos tendrán que cumplir con todo lo que se le ordene. De esta manera, ahora tendrán más actividades adicionales junto a los talleres que se realizan en algunas penitenciarias.

El Gobierno trata de imitar las políticas carcelarias de El Salvador.
El Gobierno se basa en la Constitución Nacional
Una de las pautas que afirman desde el Gobierno es que los internos "no tienen que ser tratados como víctimas" y además confirman que esto no tiene que ver con un fin de ocio, sino que va de la mano con "un fin productivo" mientras cumplen con la pena impuesta previamente.
En esta línea, el Estado también se apoyó sobre el artículo 18 de la Constitución Nacional que habla de las cárceles y en un inciso dice que estos establecimientos "deben ser sanos y limpios para garantizar la seguridad de los reos".