Entre cientos de investigaciones que se están llevando a cabo sobre corrupción, la Auditoría General de la Nación (AGN) llegó a la conclusión que la actuación de la Oficina Anticorrupción (OA) durante la era del macrismo estuvo repleta de irregularidades e ineficiencias. También señalaron que la entidad, liderada por Laura Alonso, facilitó los conflictos de intereses de quienes integraban el equipo.
El tema es que muchos de los que aparecen dentro de estas investigaciones ocupan actualmente cargos en el gobierno, como Luis Caputo y Patricia Bullrich. Según la Auditoría, no se controlaban como debían las declaraciones juradas (DDJJ) que presentaban los funcionarios. En otras palabras, habrían hecho la "vista gorda" para evitar la detección de enriquecimientos ilícitos.
Luis Caputo está entre las personas señaladas.
Tanto Luis Caputo como Patricia Bullrich, junto con muchos otros, han transitado por el ámbito privado y ahora están nuevamente en el Estado. Además de ellos, destacan también nombres como el del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Alberto Pazo, por mencionar solo algunos ejemplos de quienes deberían ser señalados.
Javier Milei está visto con lupa.
Las pruebas son contundentes para la investigación
La AGN también cuestionó la arbitrariedad con que la OA macrista se presentó como querellante en la Justicia. La prueba que marcan es contundente: solo lo hicieron contra dirigentes kirchneristas. Otro síntoma de lo que está sucediendo se ejemplifica con el reciente nombramiento de Ana Carina Larocca como Directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA.
Ella era la encargada de detectar los conflictos de intereses durante el macrismo en la entidad anticorrpución y fue desplazada precisamente durante el gobierno de Alberto Fernández. El informe de la AGN confirma que el área en la que estuvo Larroca no fue para nada eficiente.
La AGN es una institución histórica.
Con los nombres de Luis Caputo y Patricia Bullrich, la situación se agrava. La Oficina Anticorrupción se creó en 1999, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción en el sector público nacional. De este trabajo se desprende la teoría que hubo una manipulación del organismo para proteger funcionarios macristas.