A partir de septiembre, los usuarios de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), pagarán un 4,8 % más por las tarifas de los servicios de agua potable y cloacas en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
El alza para los usuarios de AySA corresponde al mecanismo de actualización mensual que se da en función de la evolución de los salarios y la inflación, el cual tendrá un incremento del 4,48 % para los cuadros tarifarios de septiembre, indicó la empresa.
Los usuarios pagarán más por el servicio.
De esta manera, los hogares de la Ciudad y el Gran Buenos Aires que se ubican en el nivel zonal alto, medio y bajo abonarán más por la tarifa del agua, pues el servicio del AySA costará desde $16.878.
Según detalló la compañía, el 44 % de los usuarios de agua y cloaca pertenecen al zonal bajo (1.187.139 usuarios), el 37 % al medio (996.718) y el 20 % al alto (534.517).
Junto con el agua, también habrá aumentos en la luz y el gas.
De acuerdo con el nuevo cuadro tarifario, los usuarios de zonal alto pasarán a pagar de $22.137 a $23.129 en septiembre. Los de zonal medio, el valor subirá de $20.104 a $21.005; y para el zonal bajo de los $16.155 actuales a $16.878 en septiembre.
En el caso de usuarios residenciales que cuentan con servicio de agua -sin cloaca-, las tarifas pasarían de $6158 a $6434 en septiembre, aclaró la empresa de servicios públicos.
Los servicios públicos suman fuertes aumentos este año.
El incremento se suma a las alzas programadas de otros rubros para el próximo mes, lo que impactará sobre los ingresos de los hogares argentinos, y también sobre la inflación del noveno mes.
Qué pasará con la tarifa social
La empresa aclaró que aunque habrá un aumento en los boletos, también se mantendrá la tarifa social, por medio de la cual se otorga un subsidio del 15 % para los usuarios residenciales y baldíos que se encuentren en las áreas calificadas con coeficientes “zonales bajos” y cumplan con una serie de requisitos.
El beneficio tiene un año de vigencia y, de ser necesario, se puede renovar la solicitud dos meses antes de su vencimiento. Pero, si la situación económica del usuario se modifica, se deberá comunicar al ente regulador.