El Gobierno dispuso, a través del Decreto Decreto 696/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial, el cierre definitivo del INADI (Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).
Si bien la clausura del organismo había sido anunciada meses atrás, como parte de la política de ajuste del oficialismo, hacía falta realizar el cierre administrativo del INADI, proceso que culminó este martes.
Tras disolver el INADI, el Gobierno decidió transferir la “totalidad de los recursos materiales y financieros del Instituto” al Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona.
De esta manera, el ministerio “tendrá a su cargo la elaboración y puesta en ejecución de las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”. Con respecto al personal del organismo, dispusieron que “aquellos alcanzados por el régimen de estabilidad quedan sujetos a las previsiones de los dispuesto en el artículo 11 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus modificatorias”.
El Ministerio de Justicia absorberá los recursos del instituto.
En los considerandos del decreto, se indica que la intervención del organismo durante 12 años “fracasó” y puso en evidencia el “estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones”.
A su vez, afirma que se descubrieron “graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos, e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia”.
Según el Gobierno, el INADI tenía muchas irregularidades.
Sumado a ello, el Gobierno argumentó que “el Instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023, ni tampoco con procedimientos tendientes a garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos” y que “se constató el sobredimensionamiento de la estructura funcional”.
Para Milei, el INADI era "un antro de ñoquis y corruptos”
El organismo fue creado en 1995 por la Ley 24.515 y comenzó a funcionar en 1997, "con el objetivo de elaborar y llevar adelante políticas públicas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo".
MIlei buscó cerrar el instituto desde el inicio de su gestión.
Sin embargo, fue calificado por el presidente Javier Milei como "un antro de ñoquis y corruptos que se dedicaban a perseguir". Además, lo describió como la "policía del pensamiento kirchnerista" y aseguró que era "un instrumento que se utilizaba para armar listas negras y para perseguir ideológicamente a los que pensaban distinto".