Este martes se ponen en marcha las indagatorias del expediente que analiza el funcionamiento de una supuesta trama de pagos indebidos y precios inflados dentro de la ANDIS, señalada por haber generado un desfalco superior a los 48.000 millones de pesos durante casi dos años.
Según información publicada por Clarín, el primero en presentarse ante el juzgado será Miguel Ángel Calvete, señalado por los investigadores como un actor clave debido a sus vínculos con diversas droguerías y empresas proveedoras. Para la fiscalía, su rol habría sido determinante en el armado de un esquema que coordinaba con exfuncionarios para direccionar procesos de contratación en la agencia.
Calvete, el primer imputado citado por el juez en la causa por sobreprecios.
La fiscalía sostiene que en el organismo funcionó una estructura delictiva dedicada a direccionar compras de medicamentos e insumos de alto costo, restringiendo la competencia y beneficiando a un grupo reducido de empresas.
Ese esquema, que habría operado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se apoyaba en la alteración de compulsas de precios y en un circuito financiero que incluía transferencias, cheques y movimientos de efectivo destinados al lavado de fondos.
Spagnuolo, ex titular del organismo, bajo la lupa por el presunto direccionamiento.
Entre los imputados se encuentran el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo y su exsubalterno Daniel Garbellini, cuyas comunicaciones y documentos revelaron el funcionamiento de la maniobra. A ellos se suman empresarios y operadores que, de acuerdo con la investigación, actuaban dentro y fuera de la agencia de discapacidad para asegurar adjudicaciones repetidas a droguerías como Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.
Estas firmas concentraron gran parte de los contratos asignados durante el período bajo análisis, especialmente en compras vinculadas a insumos y medicamentos de alta complejidad.
Droguerías investigadas por su papel en el circuito de contrataciones sospechadas.
Calvete aparece señalado como un articulador clave entre actores privados y funcionarios. Aunque no tenía un cargo formal, habría influido en decisiones internas de la ANDIS y gestionado pagos indebidos destinados a asegurar el flujo de negocios para el grupo de empresas con el que operaba.
En su domicilio se hallaron cuadernos y anotaciones con registros de montos, contactos y movimientos asociados a prestaciones de alto costo, lo que refuerza la sospecha de su rol operativo.
Los investigadores consideran que todo el andamiaje ilegal afectó directamente al Programa Incluir Salud, que atiende a personas sin cobertura médica y en situación de vulnerabilidad, lo que agrava el impacto de la maniobra bajo sospecha.