El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio fue procesado por la Justicia federal por una presunta maniobra de lavado de dinero ligada al esquema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires, y quedó alcanzado por un embargo de $350 millones, según resolvió el juez Adrián González Charvay.
De acuerdo con la investigación, parte de las irregularidades detectadas en el sistema de control vial por cámaras y en la gestión de multas automáticas habrían derivado en beneficios económicos indebidos para funcionarios y empresarios relacionados.
Procesaron a Jorge D’Onofrio por presunto lavado ligado a fotomultas.
El fallo detalla que D’Onofrio habría participado de una operatoria que incluía direccionamiento de contratos, sobreprecios y desvío de fondos a través de empresas vinculadas. Uno de los elementos mencionados por el juez es la compra de una camioneta Audi Q5, que, según los investigadores, no podría justificarse con los ingresos declarados del exfuncionario.
El juez González Charvay le impuso un embargo de $350 millones
El análisis contable y patrimonial realizado por la fiscalía detectó movimientos financieros “inconsistentes” que, a criterio del juez, refuerzan la hipótesis de que se montó un circuito para blanquear y convertir fondos provenientes de delitos precedentes.
Investigan una posible red de desvío de fondos en fotomultas y VTV.
Implicancias políticas y el rol de los empresarios involucrados
La causa también incluye al empresario Leonardo Asencio, señalado como presunto facilitador de la estructura económica investigada. Para el juez, la relación entre Asencio y D’Onofrio era más estrecha de lo que ambos admiten y se habría traducido en beneficios mutuos mediante sociedades y contratos asociados al sistema de fotomultas y al servicio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
González Charvay sostuvo que existió un acuerdo de voluntades destinado a realizar y ocultar movimientos patrimoniales irregulares, en un entramado donde confluyeron prestadores privados, funcionarios y empresas tercerizadas.
Cómo empezó la causa y por qué se investigan las fotomultas
La investigación se inició tras una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la implementación de fotomultas, un negocio que mueve miles de millones en la provincia. Según la hipótesis fiscal, parte del dinero recaudado no sólo se habría desviado sino que también habría sido “reciclado” mediante compras y maniobras financieras.
La causa se originó por denuncias sobre irregularidades en contratos de fotomultas.
Además, se cuestiona la falta de control estatal sobre la distribución de los ingresos generados por el sistema y las condiciones en las que se firmaron convenios municipales. Con el procesamiento confirmado y el embargo ejecutado, el expediente avanza hacia una nueva etapa de medidas de prueba. El juez ordenó profundizar pericias contables, cruces de información bancaria y análisis societarios para determinar si existió una estructura criminal sistemática alrededor del negocio de las multas automatizadas.
D’Onofrio, por su parte, anticipó que apelará la decisión y sostuvo que las acusaciones carecen de sustento. La resolución también contempló que la libertad provisoria del exministro de Transporte bonaerense.