El presupuesto universitario, eje central del financiamiento de la educación superior en las universidades nacionales, será en 2026 el más bajo en dos décadas. Si no se cumple la Ley de financiamiento universitario, como la Justicia ordenó recientemente, los recursos destinados al sistema alcanzarán apenas el 0,47% del PBI, el nivel más bajo desde 2005.
El presupuesto universitario implicará además una reducción del 33,8% respecto a lo ejecutado en 2023. El financiamiento de las universidades nacionales proviene en un 90% de las transferencias del gobierno nacional y el año próximo quedará en valores mínimos luego de veinte años.
Universidades nacionales advierten que el ajuste compromete la docencia y la investigación.
La Ley de Presupuesto para 2026 aprobada por el Congreso incorporó finalmente el artículo 30, que deroga el artículo 9 de la Ley 26.206, el cual establecía que el Estado debía garantizar el financiamiento del Sistema Educativo Nacional en un piso no inferior al 6% del PBI. En el caso de las universidades, la asignación prevista para 2026 será aún más reducida ya que el presupuesto universitario se ubicará en 0,47% del producto, el registro más bajo en décadas.
El porcentaje del PBI destinado a la educación superior en 2024 ya había sido el menor desde 2005, con un 0,49%, lejos del pico del 0,87% alcanzado en 2017. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el 88% de los fondos ejecutados este año se destinó al pago de salarios, mientras que el resto se distribuyó entre actividades de extensión, investigación y funcionamiento de hospitales universitarios, dentro de lo que constituye el financiamiento académico.
El presupuesto previsto para 2026 marca el nivel más bajo en dos décadas.
Gran parte del ajuste se reflejó en los ingresos del personal docente y no docente. Desde el inicio de la actual gestión y hasta el primer semestre de 2025, los salarios perdieron cerca del 30% de su poder adquisitivo. Esta caída, más pronunciada que en otros sectores del Estado, impactó de lleno en el funcionamiento de las casas de estudio.
Docentes y autoridades universitarias advierten que el deterioro del esquema de recursos universitarios también afectó becas, insumos, infraestructura y proyectos de investigación, con consecuencias directas sobre la calidad educativa y la permanencia de estudiantes. A esto se suma que, a diferencia de otros niveles del sistema educativo, las universidades dependen casi exclusivamente del Estado nacional para su financiamiento.
Docentes y estudiantes alertan por salarios deteriorados y menos recursos para becas.
Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el recorte real para las universidades en 2026 será del 33,8% respecto de 2023, en un contexto de ajustes generalizados que también alcanzan a ciencia, tecnología y educación técnica, profundizando el impacto del menor presupuesto universitario sobre el sistema educativo en su conjunto.