Un motín sacudió la cárcel de Devoto en la noche del martes, cuando un grupo de internos inició una protesta para exigir la reapertura de los centros de estudiantes en los penales federales, que habían sido inhabilitados por orden del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Los incidentes se registraron en los pabellones 1 y 5, donde los presos de la cárcel de Devoto prendieron fuego colchones y sábanas, además de colgar banderas en las ventanas con consignas en defensa de la educación en contexto de encierro. Entre los mensajes visibles desde el exterior del penal, ubicado en la calle Bermúdez al 2651, se destacaban frases como “Tenemos derecho a la educación 1985-2025” y “La Universidad es de todos. CUD. 40 años”.
Un motín sacudió la cárcel de Devoto en la noche del martes. Fuente: (X)
El motín comenzó alrededor de las 21:30 y se extendió por más de una hora y media. Según trascendió, los presos planeaban repetir la protesta en la noche del miércoles. No se reportaron heridos.
El reclamo se originó a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución que determinó la inhabilitación de los centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Desde el Ministerio de Seguridad se justificó la decisión argumentando que la participación de los internos en estas organizaciones interfería con los programas de reinserción social y las actividades laborales obligatorias dentro de los penales.
Presos de la cárcel de Devoto prendieron fuego colchones y sábanas. Fuente: (X)
El documento oficial sostiene que “la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales”. También subraya la importancia de que los internos contribuyan al mantenimiento y limpieza de los espacios comunes de las unidades penitenciarias.
Presos exigen la reapertura de los centros de estudiantes en los penales federales. Fuente: (X)
A pesar de la medida, el Gobierno reconoce que la educación en contexto de encierro es un derecho garantizado por leyes nacionales y tratados internacionales. En Argentina, más de 30 unidades penales cuentan con programas educativos de nivel universitario. Sin embargo, el Ministerio enfatizó que la creación de centros de estudiantes no está contemplada en la normativa vigente y que su funcionamiento no debe obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones penitenciarias.