El Poder Ejecutivo dispuso, a través del Decreto 571/2025, la eliminación de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el traspaso de todas sus funciones a la Presidencia del organismo. La norma lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y forma parte de un proceso más amplio de reestructuración institucional.
Según se informó, la decisión sobre el INTA se enmarca en las reformas iniciadas en julio con el Decreto 462/2025, que modificó su naturaleza jurídica, ya que dejó de ser un organismo descentralizado y pasó a estar desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
El Poder Ejecutivo dispuso la eliminación de la Dirección Nacional del INTA. Fuente: (X)
Hasta ahora, la Dirección Nacional, conducida por Ariel Pereda, tenía a su cargo tareas ejecutivas alineadas con los lineamientos que fijaba el Consejo Directivo. Con el nuevo esquema, esas funciones quedarán en manos del presidente del INTA, lo que, según el decreto, evitará superposiciones y hará más ágil la gestión.
La medida también dispone que cualquier referencia a la Dirección Nacional en la Resolución 513/2019, que establecía la estructura organizativa del instituto, deberá interpretarse ahora como alusión a la Presidencia. Mientras dure el período de transición, las áreas y cargos que antes dependían de la Dirección seguirán funcionando con las mismas dotaciones y tareas, hasta que finalice la reorganización.
Según se informó, la decisión sobre el INTA se enmarca en las reformas iniciadas en julio. Fuente: (X)
En el sector agropecuario, el INTA es un organismo clave para la investigación, el desarrollo tecnológico y la asistencia técnica en todo el país. Por eso, la eliminación de su Dirección Nacional representa un cambio importante en la forma en que se conducirán sus proyectos y programas a partir de ahora.
La eliminación de la Dirección Nacional del INTA representa un cambio importante. Fuente: (X)
Este cambio implica una concentración de responsabilidades en la máxima autoridad del INTA, que será la encargada de coordinar tanto la ejecución de políticas como la administración de recursos. El Gobierno argumenta que la medida apunta a optimizar el funcionamiento interno y a reducir estructuras que, a su criterio, ya no resultan necesarias.