El Juzgado Federal de Campana declaró inválido el decreto presidencial que había vetado la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada semanas atrás en el Congreso. La decisión judicial devuelve vigencia a la norma, que busca garantizar derechos y prestaciones.
La resolución sostiene que la Ley de Emergencia en Discapacidad debe aplicarse de inmediato, priorizando el acceso a la salud, la rehabilitación y la educación de los niños y niñas con discapacidad por encima de las restricciones presupuestarias. El fallo surgió a partir de un amparo presentado por familias que reclamaban la continuidad de los beneficios establecidos en la legislación.
El Juzgado Federal de Campana declaró inválido el decreto presidencial. Fuente: (X)
La sentencia destacó que los menores con discapacidad se encuentran en una condición de múltiple vulnerabilidad y requieren una protección especial del Estado. En esa línea, se señaló que la decisión oficial de vetar la norma implicaba un retroceso en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.
De acuerdo al fallo publicado por TN, el juez Adrián González Charvay aseguró que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.
La resolución sostiene que la Ley de Emergencia en Discapacidad debe aplicarse de inmediato. Fuente: (X)
La norma que ahora vuelve a estar en vigencia establece medidas como la actualización de aranceles para prestadores, compensaciones económicas y mejoras en la cobertura de pensiones no contributivas. Entre sus disposiciones figura que estas pensiones se eleven al 70 % del haber mínimo jubilatorio y que resulten compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.
El Gobierno había fundamentado el veto en el costo fiscal que implicaría su aplicación: más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin financiamiento asegurado. Sin embargo, la Justicia entendió que el resguardo de los derechos de las personas con discapacidad debe estar por encima de las restricciones presupuestarias.
El Gobierno había fundamentado el veto en el costo fiscal que implicaría su aplicación. Fuente: (X)
Con este fallo, la Ley de Emergencia en Discapacidad vuelve a tener plena vigencia hasta diciembre de 2027, aunque la decisión podrá ser apelada por el Ejecutivo ante la Cámara Federal de San Martín. En el medio, miles de familias aguardan que la discusión política y judicial no frene los beneficios que consideran indispensables.