A través del Decreto 103/2026, el presidente Javier Milei oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero para asegurar el financiamiento universitario. La medida busca evitar que los dictámenes emitidos en la última semana del mes pierdan validez reglamentaria en la Cámara de Diputados.
Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el objetivo primordial de este período legislativo excepcional es incorporar el Proyecto de Reforma de la Ley 27.795, el cual redefine los fondos para las aulas y la recomposición salarial de los docentes, garantizando un marco legal que el Ejecutivo considera "implementable" bajo las actuales reglas de austeridad.
La extensión de un día evita la caída de dictámenes clave
La decisión de impulsar este nuevo presupuesto para educación superior surge tras la apelación gubernamental a una cautelar que obligaba a ejecutar la ley votada en 2025. El Gobierno nacional busca una salida política que desactive el frente judicial y las protestas masivas que marcaron el ciclo anterior durante las sesiones extraordinarias.
El Gobierno negocia fondos con rectores bajo estricto control fiscal.
En este sentido, funcionarios como Carlos Torrendel y Alejandro Álvarez se reunieron con Carlos Greco, del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para negociar partidas que otorguen previsibilidad sin quebrar el superávit fiscal. De acuerdo con una fuente calificada citada por Infobae, se busca consensuar esta norma dentro de la convocatoria parlamentaria de verano para lograr el respaldo legislativo necesario antes del inicio de las clases.
Buscan sancionar la reforma universitaria antes del inicio de marzo.
Mientras la Procuración del Tesoro solicita efectos suspensivos ante la Justicia sobre la ley anterior, el oficialismo acelera la agenda en las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo no solo prioriza la cuestión educativa, sino que también busca cerrar febrero con la sanción definitiva de la reforma laboral y avances en la Ley Penal Juvenil.
Este movimiento estratégico permitiría al Presidente llegar a la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1° de marzo con los temas más conflictivos resueltos. La intención final es redefinir el esquema presupuestario dentro de un modelo de equilibrio financiero que evite nuevas escaladas de tensión con el sector académico durante 2026.