A través del Decreto 105/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la prórroga por un año del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), extendiendo la ventana de adhesión hasta mediados de 2027 e integrando nuevas categorías para la explotación de petróleo y gas.Esta decisión, facultada por la Ley 27.742, busca consolidar la estabilidad jurídica y atraer capitales de largo plazo en sectores estratégicos como la tecnología, la minería y la energía.
Según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, la medida apunta a dotar de mayor previsibilidad al sistema, que hasta la fecha ya cuenta con 10 iniciativas aprobadas por un valor acumulado de USD 25.479 millones.
Luis Caputo informó que ya se aprobaron 10 proyectos por USD 25.479 millones.
La actualización normativa establece condiciones específicas para el sector de los hidrocarburos, fijando un piso de inversión de USD 600 millones para nuevos desarrollos de explotación y producción costa adentro (upstream), mientras que para la exploración costa afuera el monto mínimo se sitúa en los USD 200 millones.
El programa ofrece un paquete de beneficios competitivos que incluye la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, exenciones en derechos de exportación y la posibilidad de resolver conflictos legales mediante arbitraje internacional. Estos incentivos del RIGI pretenden acelerar proyectos de infraestructura clave, como el oleoducto Vaca Muerta Sur, que proyecta exportaciones anuales por USD 17.000 millones a partir de 2027.
Actualmente, este esquema de beneficios extraordinarios abarca una distribución federal con proyectos en provincias como Neuquén, Salta, San Juan y Buenos Aires. Entre los desarrollos destacados figuran el Parque Solar "El Quemado" en Mendoza, la barcaza de licuefacción de Southern Energy en Río Negro y el proyecto minero Los Azules en San Juan.
Los nuevos desarrollos en hidrocarburos requieren una inversión mínima de USD 600 millones.
El nuevo marco también refuerza la trazabilidad de los activos para empresas que operan simultáneamente áreas adheridas y no adheridas al RIGI, exigiendo una estricta segregación contable. Asimismo, se incorporaron criterios para el sector tecnológico, permitiendo la actualización de proyectos preexistentes con inversiones mínimas de USD 250 millones en inteligencia artificial y biotecnología.
Finalmente, el decreto impone obligaciones de transparencia para los proveedores, quienes deberán garantizar la integración industrial de los bienes importados bajo este programa de fomento a capitales y coordinar con el Banco Central sus flujos de divisas durante los primeros tres años.
El RIGI ofrece estabilidad jurídica y beneficios fiscales hasta mediados de 2027.
Con esta reestructuración del marco de trabajo de inversión, el Gobierno apuesta a que esta actualización de la normativa vigente fortalezca la competitividad global del país, promoviendo la creación de empleo calificado y transformando la capacidad exportadora de la matriz productiva argentina mediante la captación de grandes capitales internacionales que aseguren el crecimiento económico sostenido.