El panorama para los ahorristas que desean ingresar sus dólares al sistema bancario ha cambiado drásticamente en 2026 con la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal. Bajo esta nueva normativa, la ARCA ha flexibilizado los controles para fomentar la formalización del capital privado, permitiendo que los ciudadanos depositen sus ahorros sin enfrentar investigaciones penales tributarias inmediatas.
Para este proceso de regularización, se han actualizado los umbrales de reporte automático: las entidades financieras ahora deben informar al organismo los movimientos de los contribuyentes solo cuando las acreditaciones o transferencias mensuales superen los $50 millones para individuos y los $30 millones para empresas, cifras que representan un incremento notable respecto a los años anteriores.
Los bancos elevaron los topes para reportar movimientos ante ARCA.
Este aumento en los topes de control busca reducir la burocracia sobre los pequeños y medianos ahorristas que manejan dólares. En el caso de quienes se adhieran al Régimen de Ganancias Simplificado, el Gobierno ha dispuesto que puedan ingresar esta divisa sin la necesidad de presentar documentación respaldatoria adicional en el momento de la operación.
El ingreso de divisas se facilita mediante el régimen simplificado.
No obstante, es fundamental recordar que la fiscalización sigue activa para las extracciones en efectivo que alcancen los $10 millones y para aquellos plazos fijos que, al finalizar el mes, excedan la cifra de $100 millones en moneda nacional. La intención oficial es que los fondos retenidos fuera del sistema entren al circuito formal con menores trabas administrativas.
Existen multas severas para quienes no justifiquen grandes operaciones bancarias.
A pesar de la mayor libertad para manejar estos dólares, la agencia mantiene la facultad de solicitar aclaraciones sobre el origen de la moneda extranjera si se detectan inconsistencias graves con el perfil financiero declarado. Por ello, los especialistas sugieren conservar comprobantes de facturación, o boletos de compraventa legal para respaldar cualquier movimiento que exceda los promedios habituales de consumo. El incumplimiento de estas pautas o la reincidencia en faltas graves puede acarrear sanciones severas, incluyendo multas que multiplican el monto operado y penas de prisión, asegurando que la flexibilidad del sistema no sea utilizada para maniobras de evasión fuera de la normativa vigente.