El Poder Ejecutivo nacional logró la media sanción para modificar la actual Ley de Glaciares, por lo que el texto ahora será enviado a Diputados. Con un tablero que marcó 40 votos a favor frente a 31 rechazos y una sola abstención, la iniciativa legislativa busca flexibilizar las restricciones vigentes para incentivar inversiones mineras, particularmente en yacimientos de litio y cobre.
El apoyo parlamentario fue heterogéneo, consolidado por los 21 representantes de La Libertad Avanza y el acompañamiento de ocho radicales y un sector minoritario de Pro, además de legisladores alineados con gobernadores de provincias cordilleranas y dos senadores del bloque Justicialista.
La Ley de Glaciares redefine la protección de reservas hídricas.
La esencia de la reforma radica en una nueva delimitación técnica del ambiente protegido. Mientras la normativa de hielos ampara de forma amplia tanto los glaciares visibles como los cuerpos menores del entorno periglaciar, el nuevo texto restringe la tutela exclusivamente a aquellas geoformas que demuestren poseer una función hídrica relevante.
Según la recopilación de datos y posturas en una nota de La Nación, esta distinción permitiría habilitar actividades industriales en zonas antes vedadas. En el recinto, los defensores del proyecto, como el senador Guillermo Andrada, sostuvieron que se busca una norma más federal y precisa, asegurando que el núcleo hídrico permanece intocable, mientras que desde el oficialismo, Agustín Coto argumentó que la Ley de Glaciares vigente desconocía la diversidad productiva del país y necesitaba cambios en su flexibilidad.
Votación de 40 a favor habilitó cambios para inversiones mineras.
Por otro lado, la modificación otorga mayor autonomía a las provincias en la gestión de sus recursos naturales. La autoridad jurisdiccional local tendrá la potestad de actualizar el inventario de glaciares basándose en estudios científicos, una tarea que hoy centraliza el instituto nacional Ianigla. Esta transferencia de facultades generó críticas de legisladores como Alejandra Vigo y Daniel Bensusán, quienes advirtieron sobre los riesgos de desproteger cuencas hídricas esenciales para el consumo humano y el agro mediante este nuevo estatuto de protección hídrica. En la misma línea, sectores ambientalistas se manifestaron frente al Congreso rechazando la propuesta por su posible impacto ambiental negativo bajo la reformada Ley de Glaciares.
Provincias ganan autonomía para actualizar el inventario nacional de glaciares.
Al cierre del debate, voces opositoras como Anabel Fernández Sagasti alertaron sobre la inseguridad jurídica que podría generar la falta de criterios técnicos uniformes para todas las provincias. Tras el respaldo de la Cámara alta, la discusión se traslada ahora a Diputados, donde se definirá el futuro del marco legal que regula las reservas de agua dulce en alta montaña.