En el marco del debate de la reforma laboral en el Congreso, los gremios combativos, organizaciones de izquierda y movimientos sociales encabezan este viernes una jornada de protestas frente a la sede legislativa. La medida de fuerza se desarrolla de manera independiente a la Confederación General del Trabajo (CGT), que optó por no convocar a un paro general y trasladar su estrategia al ámbito judicial una vez que la ley sea sancionada.
La movilización cuenta con la participación activa de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que cumple un paro nacional de 24 horas con retiro de los lugares de trabajo, garantizando únicamente guardias mínimas en hospitales y servicios críticos. El cronograma inició temprano con sectores de izquierda en el Obelisco, mientras que el bloque del FreSU, compuesto por entidades como la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y ambas CTA, fijó su punto de encuentro en la intersección de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen para manifestarse contra esta actualización de las leyes de trabajo.
ATE paraliza servicios estatales manteniendo únicamente las guardias de emergencia.
Las diferencias tácticas dentro del sindicalismo quedaron expuestas a través de las declaraciones de sus referentes. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, manifestó su desacuerdo con la cúpula de la CGT al considerar llamativo que se busque la inconstitucionalidad de una reforma laboral que aún no ha sido sancionada.
Referentes del sector combativo cuestionan la inacción de la central.
El dirigente cuestionó la decisión de la central obrera de marchar hacia los tribunales de Plaza Lavalle el próximo lunes, señalando que priorizar la vía judicial por sobre la presencia en el Congreso representa una falta de confianza en la capacidad de acción de los trabajadores frente a esta reestructuración normativa del empleo.
Aguiar cuestiona la estrategia judicial de la CGT ante el Senado.
Por su parte, desde la conducción de la CGT, el dirigente Jorge Sola ratificó que la postura de la entidad se basa en el análisis legal para cuestionar la constitucionalidad de los puntos del proyecto que consideran irregulares. A pesar de estos cruces y de la falta de unidad en la convocatoria, los sectores más críticos no avanzaron con la huelga de 36 horas que se había barajado inicialmente, manteniendo la interna sindical sin una ruptura formal pero con estrategias claramente diferenciadas ante el tratamiento de la reforma laboral.