Al cumplirse una década de su detención inicial, el Gobierno nacional, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicitó formalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el fin de la prisión domiciliaria de Milagro Sala. El pedido oficial, impulsado por el área que encabeza Joaquín Ignacio Mogaburu, sostiene que Milagro Salas debe ser trasladada a una cárcel común para cumplir su condena firme de 15 años.
El Ejecutivo argumenta que el régimen actual es un "privilegio" injustificado ante delitos como asociación ilícita, fraude y extorsión. Desde el Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, recalcaron que, aunque se respetan los tratados internacionales, la ratificación de la condena por la Corte Suprema amerita una ejecución efectiva tras las rejas.
Una década de procesos judiciales: de la detención en 2016 a la sentencia firme.
La presentación ante la CIDH rechaza las denuncias de hostigamiento de la defensa, alegando que los controles recientes responden a presuntas violaciones del arresto domiciliario, como cambios de domicilio no autorizados detectados por el monitoreo electrónico sobre Milagro Sala.En contrapartida, los abogados de la referente social denunciaron un trato riguroso durante su internación en el Hospital de Gonnet, en La Plata, donde señalaron intentos de fiscales jujeños por realizar audiencias virtuales en condiciones de salud precarias.
La prisión domiciliaria otorgada por la CIDH es hoy el eje del conflicto.
Mientras el Ejecutivo presiona por el traslado, la situación de la líder jujeña es determinante: el pasado 16 de enero de 2026 cumplió diez años de detención, lo que la habilita a tramitar la libertad condicional.El expediente contra la líder de la Túpac Amaru se centra en la causa "Pibes Villeros", donde se la condenó por desviar 60 millones de pesos destinados a viviendas sociales.
El mapa de causas detalla las condenas por fraude y asociación ilícita.
A esta pena de 13 años se sumó otra de dos por amenazas coactivas, unificando la sentencia que el Gobierno busca hacer efectiva en un penal. Pese a la ofensiva oficial, el calendario judicial establece que la condena de Milagro Sala vencerá en enero de 2031, aunque la resolución de la CIDH sobre su lugar de reclusión marcará el próximo hito del caso.