A través de la resolución 68/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha de un esquema de retiro voluntario dirigido específicamente al personal de la ANSES. Bajo la denominación de Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), esta iniciativa busca reducir la estructura de la planta permanente estatal en sintonía con las directrices de modernización impulsadas por las carteras de Hacienda y Transformación del Estado.
El programa permite la extinción de contratos por mutuo acuerdo y está disponible para todos los agentes del organismo que acrediten una antigüedad mínima de dos años. Esta disposición se enmarca en un proceso administrativo que validó la factibilidad presupuestaria bajo el amparo de la Ley de Contrato de Trabajo y el convenio colectivo específico de la entidad.
La resolución 68/2026 oficializa los retiros voluntarios para el personal
La normativa establece condiciones estrictas para la adhesión a este retiro voluntario, la cual debe formalizarse antes del próximo 5 de abril. Los empleados que opten por este beneficio recibirán una gratificación extraordinaria equivalente al 90% de un sueldo bruto por cada año de servicio efectivo en la institución, con un límite máximo fijado en 24 haberes mensuales.
Según lo estipulado oficialmente, el cobro se realizará en un pago único siempre que el monto no supere los 80 millones de pesos; de pasar esa cifra, el excedente se liquidará en dos cuotas consecutivas. Es importante destacar que la aceptación de este programa de egreso asistido implica el cese definitivo de la relación laboral y la imposibilidad de reingresar a cualquier área del sector público nacional por un período de cinco años, bajo ninguna modalidad de contratación.
Los beneficiarios no podrán reincorporarse al Estado por cinco años
El acceso al retiro voluntario no es automático ni genera un derecho adquirido, ya que la dependencia se reserva la facultad de evaluar y aprobar cada solicitud de forma discrecional. Asimismo, el decreto excluye taxativamente a personas con procesos penales vigentes por delitos administrativos, empleados con sumarios disciplinarios, agentes que ya superen los 62 años o aquellos que hayan iniciado trámites jubilatorios.
La resolución fija el 5 de abril como fecha límite.
En el caso de trabajadores con representación gremial, la adhesión exige la renuncia previa a sus cargos y a la tutela sindical. Este movimiento técnico antecede a una fecha crítica prevista para el 21 de marzo, momento en el que el Ejecutivo proyecta ejecutar una nueva fase de reestructuración que podría derivar en la baja de al menos 5.000 puestos adicionales mediante un régimen de desvinculación pactada.