El sistema de educación superior de Argentina enfrentará nuevas interrupciones totales en el dictado de clases tras la confirmación de un esquema de protestas extendido por parte de los docentes universitarios nucleados en la CONADU y otros gremios como FATUN. Luego del paro nacional que paralizó las facultades entre el 16 y el 20 de marzo, las organizaciones sindicales ratificaron un nuevo reclamo por el cual no habrá actividad académica durante dos semanas completas: la primera iniciará el lunes 30 de marzo y la segunda comenzará el lunes 27 de abril.
Según una nota de El Cronista, estas medidas, que afectarán a miles de estudiantes en todo el territorio nacional, forman parte de un plan de lucha semestral motivado por la ausencia de respuestas del Gobierno nacional ante las demandas de actualización presupuestaria en este 2026.
El cronograma de huelgas afectará el dictado de clases nacional.
La profundización del conflicto radica en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, la cual obliga a la apertura de paritarias y a la garantía de haberes acordes a la evolución de precios para los docentes universitarios. Según advierten los sindicatos, la falta de aplicación de esta norma representa una merma sostenida en el poder de compra de los profesores de las facultades, equiparable a la pérdida de un sueldo entero cada dos meses.
Asimismo, desde el frente gremial se rechaza de forma tajante la oferta oficial de un incremento del 12% distribuido en cuotas hasta octubre de este año, al considerarla insuficiente frente a un retraso salarial que, según los registros de los docentes universitarios, alcanzó el 51% entre los períodos 2024 y 2025.
Gremios convocan a una movilización federal para el próximo mes.
La continuidad de las protestas también incluye la organización de una Marcha Federal Universitaria prevista para el 23 de abril, en conjunto con el Frente Sindical Universitario y el resto de la comunidad académica. De forma paralela, se montará una carpa federal en diversos puntos del país bajo la consigna de la soberanía y la defensa de la universidad pública para visibilizar la crisis institucional de los académicos de carrera.
La normalización académica exige el cumplimiento de la ley vigente.
Por su parte, agrupaciones como AGD-UBA han manifestado que la regularización de las actividades normales está supeditada al pago de los porcentajes adeudados y al respeto irrestricto de la legislación actual. En este escenario de tensión, los docentes universitarios quedaron autorizados para convocar a nuevos ceses de tareas inmediatos si se detectan intentos de modificar la estructura legal de financiamiento en el Congreso.