El Gobierno nacional encuadró legalmente en un estado de crisis a cinco obras sociales luego de constatar diversas anomalías en sus estructuras administrativas, económicas y de cobertura médica. La decisión administrativa se formalizó este martes mediante un conjunto de disposiciones emitidas por la Superintendencia de Servicios de Salud en el Boletín Oficial.
A través de las normativas de la 934 a la 938, el organismo regulador puntualizó que las entidades afectadas exhibieron un índice de vulnerabilidad institucional por encima de los topes fijados en el Decreto 1400/2001, el cual rige los procedimientos de saneamiento sectorial. El dictamen recae sobre las prestaciones destinadas al personal de Dirección de Subterráneos de Buenos Aires, a Maquinistas de Teatro y Televisión, a Modelos Argentinos, a Serenos de Buques y a Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén.
La Superintendencia detectó serias anomalías en cinco obras sociales.
Según lo expuesto por los informes del ente fiscalizador correspondientes al primer trimestre de 2026, las irregularidades abarcan desde fallas institucionales hasta la omisión en la entrega de balances, estados financieros, presupuestos de recursos y estadísticas de servicios sanitarios. En la prestadora de la firma de subterráneos se constataron además desatenciones en el Programa Médico Obligatorio, padrones desactualizados y anomalías en la designación de directivos; en tanto, la entidad ligada a la actividad frutícola de Río Negro y Neuquén presentó fallas en la confección de su cartilla médica informativa.
Las entidades de salud deberán corregir sus balances contables de inmediato.
A partir de la publicación de las resoluciones, estas organizaciones prestadoras dispondrán de un término perentorio de 15 días para formular un plan de contingencia que fije objetivos trimestrales orientados a enmendar los desvíos detectados en el funcionamiento de las obras sociales.
El organismo garantizó la continuidad asistencial para todos los afiliados.
Las gerencias que conforman el Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación quedaron facultadas por la Superintendencia para supervisar el avance de las medidas correctoras implementadas por estas entidades de salud. El organismo de control remarcó la vigencia de los dispositivos de fiscalización vigentes para asegurar que las obras sociales sostengan las coberturas médicas y de asistencia obligatoria de manera regular e ininterrumpida a todos sus beneficiarios mientras se sustancie el correspondiente esquema de normalización administrativa.