La Justicia condenó a la Municipalidad de Neuquén a brindar, dentro de cinco días, información pública ambiental sobre todas las antenas de comunicación instaladas en la capital provincial.
La orden judicial llegó tras una acción de amparo de la Defensoría del Pueblo que data de 2019, cuando un grupo de vecinos del barrio Valentina Norte Rural se mostraron alarmados por la construcción de una platea sobre la que se emplazaban antenas de telefonía celular. Posteriormente, situaciones similares sobre estas estructuras se repitieron en distintos barrios más.

Antena en un barrio neuquino.
Entre ellos, se encuentran los barrios Villa Ceferino, Belgrano, San Lorenzo y Villa Farrell, donde la forma de los emplazamientos de las antenas fue sin notificación a los vecinos o comisiones vecinales, obras durante fines de semana, falta de medidas de seguridad y cartelería y obras de abastecimiento eléctrico sin seguridad.
Tras recibir estas quejas, el organismo que dirige Ricardo Riva elevó el pedido de informes al órgano ejecutivo municipal y requirió la ubicación precisa de otras 50 instalaciones acordadas con la firma Torresec.

Sede de la Defensoría del Pueblo de Neuquén.
Sin embargo, la respuesta del Municipio nunca llegó y por ello la Defensoría presentó una acción de amparo para que los vecinos tuvieran acceso a la información que permita descartar cualquier tipo de riesgo de la salud. En esta oportunidad, Riva resaltó que no hubo consultas previas ni participación de los vecinos para el emplazamiento de las antenas.
Cómo fue la respuesta de la Municipalidad y un nuevo pedido de la Defensoría
En el expediente, la Municipalidad aportó informes administrativos y documentación técnica que no aludía a la solicitud realizada por la Defensoría del Pueblo. Consecuentemente, la jueza obrante en la causa ordenó al municipio a que en el plazo de cinco días presente la información pública ambiental en relación con la política pública y el planeamiento municipal para con la instalación de antenas.

Las antenas fueron instaladas por la empresa Torresec.
Paralelamente, la Defensoría del Pueblo presentó un nuevo requerimiento administrativo ante el Gobierno municipal, tras advertir en el análisis de la documentación aportada al expediente que las ubicaciones de algunas antenas deberían reconsiderarse en función del cumplimiento de la Ordenanza 13469. En su misiva, Riva detalló los sitios que deberían revisarse ya que no cumplen con las restricciones legales vigentes.