En la provincia de Neuquén hay 543 reclusos y solo 493 plazas, según lo informado este miércoles en una audiencia judicial convocada por la Defensoría de Ejecución Penal.
Se trata de un déficit de 50 plazas, que no ha podido revertirse pese a una resolución de la jueza, Raquel Gass, que ordenó en 2022 el cierre de ingresos a algunas instalaciones carcelarias.
Funcionarios provincial recorrieron obras en ejecución en varias cárceles.
La situación más grave se presenta en la U11, pero en casi todas las cárceles faltan obras y pabellones, lo que se traduce en condiciones precarias para los reclusos.
Por ello, se insistió en la necesidad de construir nuevos pabellones, medida que debe estar acompañada de la mejora de las instalaciones eléctricas y la adquisición de colchones, entre otras deudas pendientes.
Actualmente, hay un déficit de 50 plazas.
Junto con el cierre de nuevos ingresos se estableció la posibilidad de hacer traslados a localidades como Senillosa o San Luis. Sin embargo, esto no se ha cumplido, debido a que persisten dudas sobre la logística y la adecuación de las instalaciones para albergar a los reclusos de manera segura y con respeto a sus derechos.