El director de Tránsito y Transporte de la municipalidad de San Martín de los Andes, Federico Riquelme, aseguró que los inspectores del municipio retendrán los vehículos que trabajen en la plataforma Uber “sin contar con la habilitación correspondiente”, respaldados en la ordenanzas que rigen el transporte público en la localidad.
Riquelme explicó al medio La Montaña, de San Martín de los Andes, que uno de los artículos de la norma sobre el transporte de pasajeros prohíbe la prestación del servicio “sin la habilitación municipal correspondiente”, por lo cual los vehículos que sean sorprendidos prestando el servicio en la plataforma Uber, al margen de las ordenanzas, “serán retenidos y trasladados al juzgado de faltas”, remarcó.

Retendrán los vehículos que trabajen en Uber sin habilitación. Fuente: (Diario RN)
El funcionario anunció el proceso que los interesados deben completar para obtener una licencia comercial habilitante, lo cual configura un requisito fundamental para prestar el servicio, y aclaró que “están analizando el pliego para el llamado a licitación de 12 unidades nuevas” y que las bases y condiciones son iguales para todos los participantes, “pero los vehículos dependen de los propietarios”.
“Entiendo a las personas que están a favor de Uber, por una cuestión de costos”, afirmó el director de Tránsito, pero permitir la operación de la plataforma sin cumplir con los requisitos establecidos “genera una competencia desleal para los taxistas”, que deben contar con personal declarado, seguros correspondientes y licencia comercial en regla. “Para prestar un servicio de pasajeros, tenés que tener una habilitación municipal", subrayó.

En San Martín de los Andes no hay una normativa que regule la actividad en Uber. Fuente: (Neuquén Informa)
Por último, Riquelme sentenció que la Ordenanza aprobada en 2001 en el municipio de San Martín de los Andes estipula las sanciones para quienes operen sin habilitación y “el gobierno local está comprometido con mantener un sistema de transporte público regulado”, aunque reconoció que “ni el Ejecutivo ni el Deliberante trabajan en una normativa para regular la actividad”.