Los concejales del Frente de Todos en San Martín de los Andes denunciaron a funcionarios neuquinos por no hacer cumplir la Ley provincial 2818 de desarrollos urbanísticos. La denuncia fue presentada el pasado jueves ante el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El documento, propuesto por los concejales de la localidad, Santiago Fernández y Martín Rodríguez, es por “violación de los deberes de los funcionarios públicos” y está dirigido a los responsables de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Equipamiento.
Ingreso a la localidad. Fuente: (Inter Patagonia).
“La Ley 2818, que la Legislatura aprobó para regular los desarrollos urbanísticos fuera de los ejidos municipales, busca que estos no afecten el crecimiento de las ciudades con criterios propios de cada localidad”, explicó Rodriguez.
El artículo 13 de la normativa aclara que “cuando los Proyectos de Desarrollo Urbanístico afecten o impacten ambiental, social, cultural o económicamente el desarrollo urbano de un municipio, la autoridad de aplicación, previo a emitir dictamen, acordará y coordinará las pautas y criterios para la evaluación del proyecto con dicho municipio, el cual debe prestar conformidad”.
Santiago Fernández y Martín Rodríguez. Fuente: (Facebook).
En la denuncia de los concejales de San Martín de los Andes ante el MPF destacan el caso de un desarrollo colindante con el ejido municipal, en el que se incumplían prohibiciones “que buscan resguardar condiciones ambientales para la ciudad y la región”.
“La autoridad de aplicación provincial, estando en conocimiento de ello, no realizó ningún tipo de actuación”, señalaron los ediles sobre el trabajo de los responsables dependientes de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén.
Ministerio Público Fiscal. Fuente: (MPF).
Según indicaron, además del reclamo, se suma “la falta de respuesta a las diferentes comunicaciones surgidas desde el ámbito del Concejo Deliberante” que advertían sobre esta situación y “consultaban sobre un plan de acción”.
Ley 2818
La normativa provincial fue aprobada en el año 2012 y tiene como objetivo la regulación de Proyectos de Desarrollo Urbanístico, ubicados fuera de los ejidos municipales, en jurisdicción provincial. El documento de la ley aclara que “se requiere una autorización expresa del Poder Ejecutivo para el emplazamiento de los mismos respetando pautas técnicas y normativas que permitan asegurar un desarrollo urbanístico sustentable, el uso racional del suelo y demás recursos naturales comprometidos”.