Organizaciones mapuches de Neuquén, Río Negro y Mendoza evalúan demandar al Estado argentino por “genocidio”, tras reunirse el pasado fin de semana en la sede de la Confederación Mapuche de Neuquén. Así lo expresaron en comunicado, en el que destacaron que “fue un debate muy franco y enriquecedor desde la visión que cada organización mapuche va diseñando con sus experiencias y estrategias de lucha en cada una de las provincias participantes”.
Producto del intercambio, acordaron una serie de “propuestas urgentes” que darán a conocer en los próximos días, entre las que destaca una “demanda al Estado argentino por delito de genocidio contra el pueblo nación mapuche en Puelmapu”.
El encuentro se realizó el pasado fin de semana. Fuente: (Facebook).
Asimismo, plantean un “proceso de restitución territorial que dé solución a la grave situación de una población mapuche expulsada de su territorio ancestral y que quiere recuperar su vida comunitaria. Esta política de restitución debe estar basada en el derecho constitucional de ‘otras tierras aptas y suficientes’”.
Otras demandas tienen que ver con el “reconocimiento de la jurisdicción mapuche como base para el ordenamiento de su territorio según su propia norma y sistema de justicia (Nor Feleal)” y la “vigencia plena de la consulta libre previa informada como mecanismo para aplicar el derecho al consentimiento”.
Proponen un debate nacional sobre los derechos de la mujer mapuche. Fuente: (Facebook).
Además, reclaman “reconocimiento de personería de carácter público (no estatal) a nuestras comunidades y organizaciones en cumplimiento del marco jurídico actual”, así como un “proceso de debate nacional” sobre los derechos de la mujer mapuche.
Finalmente, rechazan “el extractivismo en territorio mapuche” y el oleoducto Vaca Muerta Sur, además de exigir libertad para Yessica Bonefoi Carriquo Antimil y “justicia y condena a los asesinos material e ideológico de ‘Rafita Nahuel’”.
Preparan un documento que darán a conocer en los próximos días. Fuente: (Facebook).
Del encuentro participaron la Confederación Mapuche de Neuquén, la Coordinadora del Parlamento Mapuche/Tehuelche de Río Negro y la Organización Identidad Territorial Malalweche de Mendoza, así como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) en calidad de asesores técnico-jurídicos.