Tras descubrirse que su tobillera electrónica detectó que abandonó la casa donde cumplía una prisión domiciliaria, Néstor Pablo Sanz, uno de los imputados en la mega estafa con planes sociales del ministerio de Desarrollo Social, volverá a prisión preventiva por seis meses. La alarma del dispositivo electrónico se activó 16 veces el lunes 28.
La fiscalía, integrada por Pablo Vignaroli como jefe, Juan Manuel Narváez y la asistente Agustina Jara, le solicitaron al juez de Garantías Lucas Yancarelli, que disponga la prisión preventiva para Néstor Pablo Sanz luego de que el dispositivo electrónico tipo tobillera que controlaba el cumplimiento de una prisión domiciliaria desde hacía 11 meses, arrojara 16 salidas del rango permitido durante la jornada del lunes.
La fiscalía que investiga la mega estafa con planes sociales. Fuente (MPF)
Narváez presentó un informe del organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de realizar el seguimiento de las tobilleras electrónicas, en el que se dio cuenta de una primera alarma a las 16:45 del lunes. “Se normalizó 4 minutos después, pero eso lo repitió 16 veces” en la misma jornada, indicó Narváez. Luego, Vignaroli precisó que las salidas llegaron hasta los 19 minutos.
Durante la audiencia, el imputado informó que cumple la prisión domiciliaria en un departamento ubicado al fondo de un predio en el que, además, hay otras viviendas y que, a su pedido, se le amplió el rango de movimientos.
El imputado "colaborador", Néstor Sanz. Fuente (X)
El fiscal Narváez explicó que ese cambio no tuvo el aval de la fiscalía ni de “ninguna autoridad”, y fue uno de los argumentos del juez Lucas Yancarelli al momento de resolver: “Si la tobillera se dispuso para un domicilio, las resoluciones tienen una esencia. La ampliación no sé quién la decidió. Que fuera a lo de su hermano no estaba autorizado y no tenía nada que hacer allí”, afirmó.
La mega estafa
Sanz es uno de los imputados como jefes de la asociación ilícita que investiga la fiscalía y que, en total, habría cometido una estafa con dinero de planes sociales que supera los 750 millones de pesos. El 10 de julio de 2023 se impuso una prisión preventiva que, a pesar de la oposición fiscal, cuatro meses después se transformó en prisión domiciliaria. “Claramente, tenemos una pauta de que el imputado está demostrando burlarse de la justicia, de que no respeta la decisión de un magistrado al incumplir la prisión domiciliaria, y necesitamos continuar neutralizando los peligros procesales”, afirmó Narváez respecto de los riesgos de entorpecimiento de la investigación y de no sometimiento al proceso. Luego solicitó la inmediata conversión de la detención domiciliaria en prisión preventiva, además de una prórroga por 6 meses a partir del 10 de noviembre.