El cuerpo del hombre asesinado el lunes 18 por la noche en un inquilinato del barrio Confluencia presentaba al menos 11 puñaladas, pero la herida mortal fue un corte en el cuello, según el informe preliminar de la autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense. Esa pericia también certificó la presencia de heridas “post mortem”. El acusado del crimen quedó detenido con seis meses de prisión preventiva, también por el intento de femicidio de su expareja.
Este miércoles, el fiscal Andrés Azar junto a la asistente Carolina Gutiérrez le formularon cargos a un hombre, identificado por sus iniciales como J.L.L, por el homicidio de Hugo Daniel Del Valle González, de 35 años, y el intento de femicidio de su expareja.
Fiscal Andrés Azar y la asistente Carolina Gutiérrez. Fuente: (MPF)
La fiscalía relató ante el juez de garantías Juan Manuel Kees que el lunes 18, entre las 22:30 y las 23:30, J.L.L se presentó en la vivienda de su expareja, ubicada en Chocón al 2400 del barrio Confluencia. En un momento, mientras ambas personas compartían bebidas alcohólicas, llegó a la casa González, inquilino de la mujer, quien vivía en una habitación de alquiler ubicada en el mismo lote, pero minutos después se retiró.
La asistente Gutiérrez explicó que la mujer se retiró un momento de la habitación, pero al regresar encontró a J.L.L consumiendo estupefacientes. Esto dio lugar a una discusión en la que el imputado le recriminó cuestiones relacionadas con el inquilino y le preguntó en qué lugar guardaba los “cuchillos grandes”. La mujer, por temor, no le respondió, pero J.L.L tomó un cuchillo tipo tramontina, le advirtió que luego le tocaría a ella y se dirigió a la habitación externa en la que estaba González.
Policías frente al inquilinato de Chocón al 2.400. Fuente: (Policía de Neuquén)
Mientras escuchaba gritos, la mujer se dirigió al portón del patio que da a la calle para escapar, cuando vio que el imputado salía de la casa del inquilino con el cuchillo en la mano y se dirigía a donde estaba ella. En ese momento, pasó una vecina y la mujer, luego de lograr abrir el portón, se refugió detrás de ella, mientras que el imputado volvió a ingresar a la casa.
Gutiérrez y Azar explicaron que la policía llegó más tarde, alertada por otros testigos, y detuvo al imputado, que se había atrincherado en la vivienda. En el lugar se encontraba el hombre víctima, con al menos 11 heridas punzo cortantes. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, la muerte fue producto de un corte en el cuello, aunque el cuerpo también fue objeto de un empalamiento “post morten”.
Años de violencia
Gutiérrez precisó que el imputado y la mujer víctima fueron pareja durante 5 años y que, más allá de que estaban separados desde hacía 3 años, mantenían relación debido a que el imputado había desarrollado un vínculo con la hija menor de la mujer, aunque no era su padre biológico. Durante ese tiempo, resaltó un historial de violencia de género y familiar por parte del imputado hacia ella y hacia otros dos hijos varones de la mujer, quienes contaban con sucesivas órdenes judiciales de restricción de acercamiento emitidas por los juzgados de familia. “Al día siguiente que cesaban, el imputado se presentaba en la casa”, explicó Gutiérrez.
Riesgos
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías coincidió con la acusación de la fiscalía y descartó la opción planteada por la defensa del imputado, que intentó atenuar la calificación respecto del ataque a la mujer, al sostener que se trató solo de una amenaza, sin intenciones reales de darle muerte. “Debo analizar sí, luego de haberla amenazado de muerte con un cuchillo, y haber dado muerte a la víctima, dirigirse a ella con un cuchillo constituye una tentativa. Y en esta instancia entiendo que sí”, evaluó el magistrado, y tuvo por formulados los cargos.
El inquilinato de Chocón 2400 del barrio Confluencia. Fuente: (Claudio Espinoza)
Luego, Azar argumentó la necesidad de imponer a J.L.L una prisión preventiva por 6 meses, a partir de los riesgos procesales de no sometimiento al proceso (no tiene arraigo ni un domicilio fijo), pero también de entorpecimiento de la investigación y de la necesidad de proteger a la víctima y a testigos.
La defensa solicitó, en cambio, una detención domiciliaria en la casa de un familiar que es pastor religioso en una localidad de Río Negro. El juez descartó esta opción por considerar que no se trataba de una medida "idónea" para contrarrestar los riesgos procesales y, a partir de los argumentos de la fiscalía, fijó el plazo de investigación en 4 meses y ordenó la prisión preventiva por el plazo de 6 meses solicitado.