El proyecto de ley de lucha contra el microtráfico de drogas que el Gobierno giró a la Legislatura para su tratamiento establece que la totalidad del dinero secuestrado en los operativos por narcomenudeo más las multas que se apliquen, se destinará a “fortalecer esta política de Estado”. Además, se requerirán del Gobierno nacional transferencias de fondos para las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y el servicio de justicia.
Este martes 19 de noviembre ingresó a la Legislatura el texto de adhesión a la ley de Narcomenudeo que lleva las firmas del gobernador Rolando Figueroa, de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari y del fiscal general José Gerez.
El gobernador, el ministro de Seguridad y el jefe de Policía. Fuente (Prensa y Comunicación)
Figueroa señaló que no solamente “vamos a atacar al chico y el grande hace lo que quiere”, sino que “lo que estamos presentando ahora es que nosotros nos queremos hacer cargo del narcomenudeo para complementar el trabajo que realizan las fuerzas federales”.
En caso de ser aprobada por los diputados provinciales, la normativa comenzará a regir el 28 de febrero de 2025. Se indicó también que al asumir este nuevo rol, la Provincia requerirá las transferencias presupuestarias de Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación del servicio de justicia para comenzar.
El dinero secuestrado se destinará al fortalecimiento de la lucha contra el microtráfico. Fuente (Policía de Neuquén)
En sus apartados, el texto determina que las multas, los bienes decomisados o el producido de su venta y demás beneficios económicos que surjan por aplicación de la ley, tendrán un destino establecido: el 25 por ciento será para la ejecución y el fortalecimiento de los programas y dispositivos destinados a la prevención y rehabilitación derivado del consumo de estupefacientes. El 50 por ciento se destinará a la ejecución y el fortalecimiento de políticas de capacitación, prevención, investigación, equipamiento, así como a solventar los gastos e inversiones que demanden, incluido el recupero financiero, los operativos policiales que se realicen para dar cumplimiento a esta ley. El 25 por ciento restante, será para fortalecer las políticas de persecución y juzgamiento que deba realizar el Poder Judicial.
El proyecto establece también que los poderes Ejecutivo y Judicial podrán celebrar los convenios necesarios con organismos e instituciones provinciales, nacionales e internacionales, que posibiliten la capacitación y el entrenamiento específico del personal que preste servicios relacionados con la presente ley.
Vehículos de la división Antinarcóticos de la Policía. Fuente (Policía de Neuquén)
Asimismo, realizarán las acciones necesarias para que entre en plena vigencia, contemplando todo lo relativo a cuestiones normativas, procedimentales, logísticas, recursos humanos, materiales y presupuestarios, entre otros.
De acuerdo al texto propuesto, las causas en trámite al momento en que entre en vigencia la nueva ley "continuarán ante el fuero en el que se encuentran hasta su finalización definitiva".