Por considerar que la denuncia que la vicegobernadora presentó contra funcionarios públicos de la provincia por un rosario de presuntos hechos delictivos carece de fundamentos, el fiscal Diego Azcárate resolvió pasarla a archivo.
La suspendida vicegobernadora había denunciado a Ernesto Novoa, Guillermo Monzani, Francisco Lepore, Claudio Domínguez, Carina Riccomini, Tania Bertoldi, Julieta Corroza, Lucas Castelli, Matías Nicolini, Rubén Etcheverry y Marcelo Severini, entre otros, por asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, atentado al orden constitucional y a la vida democrática, cohecho y tráfico de influencias y lavado de activos agravado. La denuncia de Gloria Ruiz había sido presentada en el fuero federal, pero la fiscal Mariana Querejeta se declaró incompetente, por lo que fue girada al fuero ordinario.
Fiscal Diego Azcárate. Fuente (MPF)
Azcárate tomó la determinación de archivar la denuncia este miércoles. Entre otros argumentos, consideró “acertada” la declaración de incompetencia de Querejeta.
Al analizar el contenido de la denuncia de Ruiz, el fiscal afirmó que “de dicho catálogo de delitos enumera lo que considera elementos dogmáticos sin indicar las acciones concretas que habrían realizado las personas denunciadas”. Remarcó que “nos encontramos ante una denuncia carente de hechos fácticos que permitan evaluar la posible subsunción de los tipos penales referidos”, y puntualizó que “dicha descripción o enunciación fáctica resulta ser un requisito insoslayable”.
En este contexto, destacó que “ahondando aún más en el análisis de la cuestión denunciada, no puedo dejar de hacer especial hincapié en que allí también se hace mención de la resolución 1219 del 27/11/24 tomada por la Honorable Legislatura Provincial. Se da a entender allí –sin el más mínimo fundamento- que todos esos delitos mencionados tenían como única finalidad el dictado de esa decisión legislativa”, es decir, su apartamiento por inhabilidad moral.
Gloria Ruiz y sus abogados, el día en que presentó una fallida denuncia. Fuente (Minuto Neuquén)
Sobre este último aspecto, Azcárate afirmó que “más allá de cualquier tipo de interpretación y/o especulación infundada, lo cierto es que dicho acto de gobierno, propio del Poder Legislativo, ha sido llevado a cabo en el marco de las atribuciones que el artículo 189, inciso 25 de la Constitución Provincial otorga a la propia Legislatura Provincial”.
Además, señaló que “este único hecho fáctico relatado en la denuncia en modo alguno encuentra subsunción penal y, por el contrario, se trata de un acto de gobierno legítimo que fue dictado acorde a la normativa imperante y cuya validez no puede ponerse en duda con tan solo realizar una hipótesis penal infundada”.
Con estos argumentos, dispuso el archivo del caso, en orden a lo previsto por el artículo 131, inciso 4, del CPP, que indica que esta medida debe adoptarse cuando “no se ha podido individualizar al autor o partícipe o si es manifiesta la imposibilidad de reunir información o no se puede proceder”.