En una conferencia de prensa brindada este viernes al mediodía, el fiscal Jefe, Pablo Vignaroli, informó que la investigación que derivó en la concreción de 14 allanamientos y en la demora de 10 integrantes de organizaciones sociales también tiene bajo sospecha a funcionarios del ministerio de Desarrollo Social. La causa está bajo la carátula de “fraude a la administración pública” para el caso de dirigentes sociales y de “administración fraudulenta” para los funcionarios públicos bajo investigación.
En la Ciudad Judicial, Vignaroli estuvo acompañado por el fiscal del caso, Juan Narváez, y dio detalles del megaoperativo que incluyó la realización de 14 allanamientos en viviendas particulares y sedes de Libres del Sur (LdS), del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de la Cooperativa Viento Sur. De esos procedimientos, fueron detenidas y llevadas a la comisaría primera para “su correcta identificación” diez personas, entre ellas la dirigente de LdS, Gladys Aballay.
Momento de la detención de la dirigente Gradys Aballay, de Libres del Sur. Fuente (Sebastián Fariña)
El fiscal jefe informó que el objetivo de los allanamientos ordenados por el juez de Garantías Cristian Piana fue el de secuestrar “planillas de asistencias” a movilizaciones y teléfonos celulares que podrían contener importante información en los grupos de WhatsApp.
La denuncia más grave que recibimos fue que la Cooperativa Viento Sur, entre enero y diciembre de 2023, recibió aportes no reintegrables por 1.183 millones de pesos para ser usados en planes de capacitación para integrantes de las asociaciones intermedias. Sin embargo ese dinero no fue rendido, dijo Vignaroli, quien aclaró: que sean aportes no reintegrables no quiere decir que no sean rendibles.
El convenio fue suscripto por el entonces ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino, y por Indira Coronel, en nombre de la Cooperativa el 22 de enero de 2023, detalló Vignaroli.
Ello establecía el desembolso mensual de dinero hasta cubrir los 1.183 millones de pesos. “Acá llegamos a una cuestión altamente sospechosa y atípica, ya que se pagaba mensualmente a pesar de que la cooperativa no rendía “, agregó. En diciembre pasado, ya con la nueva administración de Rolando Figueroa, se dispuso una auditoría en la que se conminó a la cooperativa a que presente las rendiciones, dijo. “Solo presentó justificaciones de los meses de noviembre y diciembre, sin que hayan sido para los fines que se acordaron”, añadió.
Hubo una convocatoria para exigir la liberación de las detenidas. Fuente: (Emiliano Ortiz)
Sobre este aspecto, Vignaroli abundó en algunos detalles. Dijo, por ejemplo, que se comprobaron transferencias para la compra de un terreno en Junín de los Andes y otro en San Martín de los Andes, decididas en un acta de asambleas.
También habló de la compra de un Renault Kangoo cuya autorización para usarla está a nombre de Diego Mauro, del FOL, quien además sería el único autorizado para manejar una cuenta bancaria. Vignaroli agregó que Mauro “no sabemos dónde vive, porque fuimos a buscarlo a un domicilio de Fernández Oro en el que no se domicilia”. Algo similar -dijo- ocurrió cuando se intentó verificar el domicilio de la Cooperativa Viento Sur.
Sede del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén. Fuente: (X)
“Esta investigación no está solo destinada a los dirigentes de las organizaciones sociales y la cooperativa, sino también a los funcionarios que daban la orden de que se pague sin esperar las rendiciones”, añadió.
Finalmente, informó que en los allanamientos se secuestró abundante e importante documentación que será estudiada y teléfonos celulares, para ser peritados. Por el momento, aclaró que no fue necesario allanar ninguna oficina del gobierno provincial.