Policías dependientes del departamento Seguridad Personal allanaron este jueves el consultorio y la casa particular de un psicólogo de la localidad de Andacollo, a quien se lo investiga por haber extendido 800 certificados irregulares de licencias psicológicas a empleados de la administración pública en varias localidades de la provincia de Neuquén.
La investigación la inició la fiscalía de Delitos Económicos a partir de una presentación de la Fiscalía de Estado.
Este jueves en horas de la mañana, el juez de garantías Lucas Yancarelli autorizó el allanamiento a un inmueble del psicólogo, identificado como Franco Javier Reyes, que otorgó las licencias, que fue solicitado con premura por el fiscal jefe Pablo Vignaroli.
Consultorio desde donde se extendían los certificados. Fuente (Policía de Nuquén)
El Ministerio Público Fiscal informó que durante el procedimiento fueron secuestrados certificados con fechas postdatadas, una notebook y un teléfono celular. En tanto el psicólogo fue demorado, identificado, y se le informó que debía designar un abogado defensor.
Fiscal Pablo Vignaroli, a cargo de la investigación. Fuente (MPF)
Vignaroli dio algunas precisiones sobre lo que está bajo investigación y que conformarían los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con expedición de certificado médico falso y con uso de certificado médico falso.
“De acuerdo a la investigación que iniciamos en el Ministerio Público Fiscal (MPF), el psicólogo habría emitido 800 certificados que fueron presentados en el Consejo Provincial de Educación (CPE), y otros 63 presentados en la administración central”, precisó el fiscal.
Señaló que los certificados por licencias psicológicas fueron otorgados en la primera parte del actual año, y estuvieron destinados a personas de las ciudades de Neuquén, Zapala, Chos Malal, Centenario, Añelo, Loncopué, Plottier, Picún Leufú y Andacollo.
Domicilio del consultorio allanado. Fuente (X)
Asimismo destacó que fue receptada una denuncia de la Fiscalía de Estado en la que “se nos planteó que como consecuencia de estas licencias que serían irregulares, el Estado debe pagar una importante suma de dinero por una causa falsa”.
A través de la investigación iniciada, el MPF determinará en los próximos días si corresponde avanzar en una eventual formulación de cargos y, en ese caso, las personas a las cuales imputaría.