Educación cambio y resistencias
Con la calidad educativa y el malgasto público en la mira, se avecinan tiempos de conflicto entre el gobierno provincial y el gremio docente. El gobierno neuquinizante avanza con intenciones de cambiar el funcionamiento del sistema público de educación. Se trata de un desafío novedoso. Durante años, el gobierno de la educación, repartido con poca claridad entre el ejecutivo y las organizaciones gremiales, se refugió en la retórica de la falsa Paz Social para que nada se modifique. El resultado está a la vista. Deserción escolar creciente, déficit en infraestructura y niveles de ausentismo inexplicables.
Esta semana, la ministra Soledad Martínez detalló los trabajos en materia edilicia que se vienen realizando. “Más del 99 por ciento de los establecimientos están en condiciones de comenzar con normalidad. Algunos en sus espacios físicos y una pequeña minoría en lugares acondicionados mientras se terminan las reparaciones”. Pero el anuncio más saliente de la funcionaria fue el Sistema de Modernización y Sistematización de Datos. Se trata de un sistema que permitirá el seguimiento al detalle y actualizado del funcionamiento completo del sistema. Desde la asistencia de los docentes y el registro de alumnos hasta la nómina de profesionales de la salud que firmen certificados. Una apuesta a la modernización.
Ministra de educación Provincia de Neuquén Soledad Martínez Fuente(Facebook)
Son los primeros pasos de una reforma integral que pretende producir y ordenar la información necesaria para la toma de decisiones precisas. Aunque mejorar el sistema educativo no será fácil. La transparencia en su funcionamiento tiene a la dirigencia gremial en alerta. ¿Por qué? Los incentivos al presentismo y el monitoreo on-line del sistema ponen en jaque un statu quo en el cual el sindicalismo está acostumbrado a co – gobernar. La capacidad de convocatoria y movilización de los gremios encuentra eco en un sistema educativo sin información clara, reconocimientos ni penalidades para los trabajadores de la educación. El volumen político y la “fuerza de choque” que los gremios ejercen desde su activismo encontrará límites y dividirá aguas entre los propios docentes. “La resistencia el cambio es natural, pero nosotros no vinimos a que todo siga igual” afirman desde las filas neuquinizantes. Se inicia un periodo cambios en el sistema educativo que promete entrar en tensión con los intereses sectoriales y políticos del sindicalismo más combativo.
El incentivo docente y el repartidor de certificados…
Según el calendario oficial, este lunes deberían volver los niños a las aulas. Sin embargo, el gremio docente ATEN, a través de su plenario remoto, adelantó que el reinicio de clases “comienza” con medidas de fuerza. ¿El motivo? La legislatura sancionó la ley de Incentivo al Presentismo Docente, una medida que beneficia con un pago trimestral extra a quienes no registren más de tres faltas por trimestre. El resto del cuerpo docente, los que excedan esas ausencias, seguirán cobrando idénticos haberes. “Se quejan porque les quieren pagar más” sentenció consultada una integrante de Padres y Madres Organizados por la Educación. Según los sondeos que manejan en el oficialismo, no se trataría sólo de una madre ni de una organización. El 70 por ciento de los neuquinos y neuquinas está a favor del incentivo al presentismo. Con esos números sobre la mesa, el diputado Claudio Domínguez (MPN), coquetea con la idea de llamar a una consulta popular vinculante. Tal es respaldo de la opinión pública que la Diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) avanzó con un nuevo proyecto: pidió al Consejo de Educación que las jornadas de capacitación docente se realicen fuera del horario escolar o por lo menos que disminuya la cantidad. Sobre una media nacional de seis jornadas anuales, los docentes neuquinos realizan once en el mismo periodo.
Más de ochocientos certificados emitió un médico en cuatro meses
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Sobre mojado, la justicia allanó el domicilio de un médico en Andacollo. Encontró más de ochocientos certificados de dudosa legalidad. La inmensa mayoría destinados a docentes del sistema público de educación. Los certificados fueron emitidos en solo cuatro meses y algunos hasta con anterioridad a que los pacientes se enfermen. “Hay certificados que van desde el 23 de Julio al 08 de agosto” detalló una fuente judicial involucrada en el proceso. En 2022 el Estado neuquino gastó más de 100 millones de dólares en suplencias, una suma equivalente a la construcción de sesenta y cuatro escuelas primarias. Un número que pone en jaque a los intentos defensivos gremiales.
El desmanejo del sistema educativo es evidente. Las últimas gestiones de gobierno eligieron las aguas mas o menos calmas que la buena relación con el sindicalismo suele ofrecer. Pero el bajo rendimiento del sistema en su objetivo esencial, la calidad educativa, fue el precio de la estabilidad política. Rolando Figueroa se muestra convencido de “ordenar para distribuir”. Bajo esa premisa, el ordenamiento del Estado incluye a la educación. Se inicia una profundidad en los cambios que dejará en evidencia intereses, posiciones políticas y establecerá nuevos parámetros para el proceso formativo en la provincia.
La otra puja. El impuesto a las ganancias
Esta semana la restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría se llevó el protagonismo en la agenda pública. Un tributo que había sido eliminado durante 2023 a instancias de la desesperada campaña del entonces ministro de economía y candidato a presidente Sergio Massa. Contaba por aquellos días con la aclamación de dirigentes sindicales y la mayoría de los gobernadores. El congreso aprobó y celebró la iniciativa como un acto de justicia. Amarga ironía, Javier Milei, quien considera que “los impuestos son un robo” vía coacción del Estado, hizo todo para restituirlo. Aunque los gobernadores propusieron fuentes alternativas de financiamiento para el fisco (coparticipar el impuesto país o el impuesto al cheque), desde la casa rosada insistieron y lograron restablecer la obligación a millones de trabajadores argentinos. El primer punto del pacto de mayo, la inviolabilidad de la propiedad privada duró demasiado poco en la agenda libertaria. Al mismo tiempo, las modificaciones en el impuesto a los bienes personales aflojan la cincha impositiva a los sectores más acaudalados.
Gremio de Petróleo y Gas privado de Neuquén, Río Negro y la Pampa. Fuente(Twitter)
Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente en las provincias patagónicas. En Neuquén, el gremio ATE presentó una medida cautelar y logró el aval en la justicia. El sindicato de Gas y Petróleo Privado avisó que pedirá readecuación salarial si se concreta, y dos legisladores nacionales, Osvaldo Llancafilo (MPN) y Pablo Todero (UxP) presentaron proyectos para eliminar o amortiguar las consecuencias. Por su parte el diputado nacional por la UCR, Pablo Cervi reflotó su posición, ya que había presentado una iniciativa en el mismo sentido antes de la aprobación del paquete fiscal.
El gobernador Rolando Figueroa manifestó públicamente su oposición. “Siempre estuve en contra del impuesto a las ganancias, fui uno de los firmantes del proyecto para eliminarlo” sentenció el mandatario neuquinizante. Aunque agregó un dato más: la provincia de Neuquén recibe 30 pesos de cada 100 que envía a la nación en esa categoría impositiva. Se trata de una transferencia directa de recursos desde las provincias patagónicas hacia otras gobernaciones. Un federalismo inconveniente para las zonas productoras de hidrocarburos destinadas a nutrir de divisas al país entero.
Gobernador de Neuquén Rolando Figueroa. Fuente(Twitter)
Como si fuera poco, el paquete fiscal dejó sin efecto el bypass jurídico que la legislatura neuquina había sancionado en 2023 para eximir a los trabajadores públicos provinciales de la retención federal al salario. Se trata de la ley 3378 en la cual se definió que las remuneraciones de los estatales de la provincia se reparten 60% en sueldo y 40% en concepto de dedicación funcional. Por ahora “no está en la agenda” intentar algún reemplazo de aquella ley en el ámbito legislativo según confirmó el diputado Néstor Novoa (Desarrollo y Comunidad). De permanecer en pie y sin modificaciones el paquete fiscal, activos y pasivos de la administración pública provincia verán reducidos sus haberes en las próximas liquidaciones. La medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado otorga algo de tiempo y abre tal vez una instancia de negociación cruzada entre los actores involucrados.
Más allá de la coyuntura, la discusión sobre el impuesto a las ganancias ya forma parte de la agenda política de cara al 2025. Le aporta nitidez a la tensión entre los intereses del gobierno central y los Estados subnacionales. Una verdadera incomodidad para los neuquinos-libertarios que deben asumir las contradicciones retóricas del gobierno nacional y explicar con pocas posibilidades de éxito la conveniencia de la medida para los intereses provinciales. Una oportunidad para el discurso neuquinizante que pretende romper la grieta nacional y provincializar los términos de la discusión pública. Al mismo tiempo, un costo político para el gobierno de Javier Milei que incursiona en contrariedades evidentes entre la prédica de su modelo y las posibilidades de concretarlo.