Representantes de organizaciones ambientales estuvieron el miércoles 3 de julio en la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible de la Legislatura de Neuquén donde solicitaron el tratamiento de un proyecto de ley para prohibir el uso de agua en proyectos de megaminería a cielo abierto.
La referente de la Asamblea Socio Ambiental de Junín de los Andes, Sandra Ferrero, pidió que se apruebe la ley para proteger el recurso hídrico del extractivismo y reclamó que la defensa del agua debe ser una política de estado. Por otra parte, aseguró que la amenaza de megaminería está dada por 50 concesiones que solo generan beneficios para las empresas y, en ese sentido, planteó que el agua debe ser para la vida y para los pueblos, no para las grandes corporaciones.
Sandra Ferraro, referente socioambiental Junín de los Andes. Fuente: (Legislatura de Neuquén).
Por su parte, Martin Godler, sacerdote de Las Coloradas, que también participó de la comisión, expresó que la megaminería en la provincia es una amenaza real y existente y recordó que la resistencia de la comunidad que representa logró frenar el avance del proyecto que pretendía implementar la empresa multinacional Southern Cooper.
En esa línea, el abogado Germán Zuñiga expuso que el objetivo del proyecto es la seguridad jurídica al entender que la omisión que existe en la legislación actual permite que las empresas tengan libertad para cometer delitos ambientales que, a la vez, no se persiguen. Asimismo, aseguró que el proyecto no implica una oposición al desarrollo, sino una defensa de la vida y del futuro.
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible. Fuente: (Legislatura de Neuquén).
Tras la exposición de los referentes ambientales, el diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Andrés Blanco, expresó que la confrontación que se pretende instalar entre el desarrollo económico y la vida está atravesada por la desinformación y el negacionismo para estigmatizar y bajar el precio al debate.
En tanto, Gabriela Suppicich, diputada del mismo espacio político, valoró la facultad de contralor de la población, contemplada en el proyecto, y se pronunció a favor de discutir las iniciativas con las comunidades.