Con el alegato de la fiscalía, se inició la etapa final del juicio contra los seis imputados en la trágica explosión de la escuela albergue de Aguada San Roque que dejó como saldo la muerte de tres personas. Luego será el turno de las querellas particulares y finalmente, de las defensas. El fiscal Gastón Liotard pidió al tribunal que se declare la responsabilidad penal de todos los acusados, al señalar: “No seamos fuertes con los débiles y débiles con los fuertes”.
Las audiencias de la producción de los alegatos se trasladaron a la ciudad de Cutral Co. Desde que comenzó el juicio el pasado 12 de agosto, Liotard y la fiscal Gabriela Macaya presentaron pruebas y testimonios para validar la teoría del caso: que dos integrantes de una empresa privada y cuatro funcionarios públicos que tuvieron participación en las distintas etapas administrativas y ejecutivas de la obra que se debía realizar en el lugar, en términos generales, incumplieron condiciones previstas en el pliego de licitación y no tuvieron el deber de cuidado que tenían por su función.
Gastón Liotard, fiscal de Cutral Co, pidió que se declare la culpabilidad de todos los imputados. Fuente (Emiliano Ortíz)
En uno de los casos, la acusación incluye haber emitido certificaciones sobre una supuesta finalización de obra, cuando la escuela de Aguada San Roque no estaba terminada.
“No hay dudas tampoco de que se emitió una certificación del 100% cuando la obra no estaba terminada; que no se hizo la prueba de hermeticidad del gas, tampoco que no se pidió el corte del suministro a la empresa proveedora”, describió Liotard ante el tribunal, integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo. Además, precisó que “con una sola de esas circunstancias cumplidas, ninguno de nosotros estaría aquí sentado”.
El tribunal del juicio por la explosión de la escuela de Aguada San Roque. Fuente (Emiliano Ortíz)
“Lo que queremos magnificar es que ya tenemos el rol que le cupo a cada uno, las pruebas que hemos marcado, sumado a lo que se les imputó: entendemos, en definitiva, que de un modo u otro, todos los imputados, infringiendo el deber de cuidado que les pesaba en la obra, omitieron desplegar las acciones para evitar que se elevara el riesgo permitido. Unos como funcionarios y otros por el rol fáctico en la empresa, estaban obligados a supervisar”, afirmó Liotard.
Día trágico
El 29 de junio de 2021, el gasista matriculado Nicolás Francés junto a su sobrino, Mariano Spinedi, acudieron a la escuela albergue 144, del paraje Aguada San Roque, donde realizaban tareas vinculadas con una obra en construcción. Alrededor de las dos menos diez de la tarde, se dirigieron junto a la docente Mónica Jara hacia un ambiente destinado al albergue de niñas, donde en forma inmediata a sus ingresos, se produjo una deflagración y posterior incendio. Francés y Spinedi sufrieron quemaduras y fallecieron en forma inmediata, mientras que Mónica Jara logró salir por una ventana, fue asistida y trasladada hacia la ciudad de Mendoza, donde falleció el 12 de julio de 2021, producto de las gravísimas quemaduras que sufrió.
Los imputados por la trágica explosión en la Escuela 144. Fuente (Emiliano Ortiz)
Los delitos atribuidos a cada uno de los imputados como responsables de la trágica explosión son: Héctor Villanueva Montalbán y Diego Bulgheroni, representantes de la empresa Arte Construcciones, estrago culposo agravado, en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
A Sergio Percat, inspector de la obra, estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con falsificación ideológica de documento público. En el caso de Raúl Capdevilla, director provincial de Obras Públicas, estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La querella expone cómo quedó a escuela después de la explosión. Fuente: (Emiliano Ortiz)
A Carlos Córdoba, director de Obras Púbicas, estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Y a Roberto Deza, subsecretario de Obras Púbicas, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Previo al juicio fueron sobreseídos Fabio Antonio Luna, ex director general de la Modalidad Rural del Consejo Provincial de Educación, y Patricia Delia Cressatti, directora provincial de Nivel Primario del mismo organismo. En ambos casos se les había imputado el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Otro imputado, E.H.A, obtuvo una suspensión de juicio a prueba y, en caso de cumplir las condiciones que se le impusieron, será sobreseído.