En la sesión del jueves, 19 de septiembre, el Concejo Deliberante de Centenario aprobó dos importantes proyectos de ordenanza. El primero, N° 9993, presentado por el bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN), establece un registro municipal para los generadores de residuos peligrosos. Por otro lado, la ordenanza N° 9994 autoriza al Ejecutivo a contraer un endeudamiento con el gobierno provincial, con el fin de financiar obras de asfaltado en los barrios Ruca Niyeu y 173 viviendas.
En la misma jornada, también tomó estado parlamentario un proyecto presentado por la concejal Lucía Matas, del bloque Comunidad. Esta propuesta busca que el municipio y el Concejo Deliberante exijan a los deudores alimentarios la presentación de un certificado de libre deuda para poder realizar trámites como la obtención o renovación de licencias de conducir y comerciales. La iniciativa se enmarca en la Ley provincial N° 2333 y su artículo 14, el cual ya regula estos requisitos en municipios adheridos.
Ingreso al Concejo Deliberante de Centenario. Fuente: (Facebook)
El proyecto de Matas busca además extender esta obligación a quienes soliciten licencias de taxis y a los propios funcionarios municipales y concejales. En declaraciones a FM Red Social 97.9, la política destacó la importancia de hacer más estricta la adhesión a la ley. Respecto a eso, dijo que buscan que sea más claro en qué casos se debe exigir.
La concejal subrayó que la medida brindará una herramienta clave para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes cuenten con el derecho a recibir el pago de la cuota alimentaria. “Es tremenda la cantidad de progenitores que no cumplen con sus obligaciones, dejando a madres o padres a cargo de todos los gastos. Esta es una forma de violencia económica que se repite con frecuencia”, explicó Matas, quien además es abogada.
Sesión del Concejo Deliberante. Fuente: (Centenario Digital)
De aprobarse, este proyecto reforzará la responsabilidad de los deudores alimentarios y contribuirá con la disminución de la evasión a estas obligaciones, lo que brindará mayor seguridad jurídica y económica a las familias afectadas.