El municipio de Cutral Co presentó un proyecto que busca limitar el acceso a licencias comerciales para personas con antecedentes vinculados al microtráfico, a partir de casos detectados en la ciudad que encienden alarmas sobre la utilización de comercios como cobertura para delitos de la Ley 23.737. Un integrante del gabinete del intendente Ramón Rioseco afirmó que “Estamos viendo que muchas veces se utilizan actividades comerciales como fachada para la venta de drogas. La idea es cortar esa posibilidad”, al explicar el alcance de la iniciativa y la motivación que derivó en su tratamiento legislativo.
La propuesta ingresó en la última sesión del Concejo Deliberante y establece criterios de habilitación más estrictos para los establecimientos comerciales. El proyecto detalla que las nuevas exigencias no alcanzarán a familiares ni terceros ajenos a la explotación, y se circunscriben exclusivamente a quienes ejerzan la titularidad, representación o administración de los emprendimientos. El texto establece el marco de actuación de la Subsecretaría de Comercio y Bromatología como autoridad de aplicación.
Concejo Deliberante de Cutral Co. Fuente: (X)
El articulado incorpora medidas para situaciones en las que exista algún tipo de investigación relacionada con hechos asociados al microtráfico. Según el texto de la ordenanza, “En caso de verificarse la existencia de una investigación judicial por delitos previstos en la Ley 23.737 o conexos en curso, la autoridad de aplicación… podrá disponer una suspensión preventiva del trámite de habilitación por un plazo máximo de treinta (30) días hábiles”. La norma indica además que esta suspensión podrá mantenerse hasta que la justicia dicte sentencia y habilite la resolución definitiva dentro de los plazos fijados por la autoridad competente.
El proyecto presentado en el Concejo expresa que “La restricción alcanzará a quienes sean titulares, socios, administradores o representantes legales de una persona jurídica involucrada” en causas relacionadas con el microtráfico, sin incluir a terceros ajenos al emprendimiento. La ordenanza aclara que “Toda medida deberá ser fundada y proporcional, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”, con el objetivo de asegurar que cada actuación administrativa cuente con respaldo normativo suficiente y se ajuste a los estándares de legalidad vigentes.
Ramón Rioseco. Fuente: (X)
La iniciativa también fija parámetros vinculados con el tipo de antecedentes penales que impedirán el otorgamiento de la habilitación comercial. El texto del proyecto detalla que “No se otorgarán, renovarán ni transferirán licencias comerciales a personas físicas que registren condena penal firme por delitos previstos en la Ley 23.737 o conexos”, lo que refuerza el marco de exclusión pensado para situaciones en las que haya relación directa entre el hecho penal y la actividad comercial.
Finalmente, el proyecto establece sanciones específicas para los comercios alcanzados por estas situaciones. Entre ellas, figura la revocación definitiva de la licencia “cuando exista condena penal firme relacionada con la actividad comercial del establecimiento”.