El fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, presentó este miércoles el pedido de prisión efectiva para los 12 condenados por la estafa con dinero de los planes sociales ocurrida entre fines de 2020 y mediados de 2022 en la órbita del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén. Las solicitudes van de los 3 años y 6 meses hasta los 6 años de prisión efectiva para los líderes de la defraudación.
En el pedido, Vignaroli afirmó que, dada la prueba producida y la decisión del tribunal, se está ante “un delito grave que afectó seriamente a la administración pública”. El fraude con el dinero que estaba destinado a los planes sociales superó los 150 millones de pesos a valores históricos.
Equipo de la fiscalía de Delitos Económicos y la fiscalía de Estado. Fuente (MPF)
En esta etapa, el MPF se basó en el veredicto previo, donde los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees declararon la responsabilidad unánime de 12 personas por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, pero descartaron la figura de asociación ilícita que había propuesto la acusación.
En este contexto, y ante las defensas pretendiendo condenas con los mínimos legales o de ejecución condicional, el fiscal jefe Pablo Vignaroli pidió penas de cumplimiento efectivo para todos los imputados, y diferenció entre los coautores y los partícipes primarios (o necesarios).
Abel Di Luca, ex ministro de Desarrollo Social de Neuquén. Fuente (X)
Para los coautores, quienes desempeñaron un rol central en la maniobra, la fiscalía solicitó las siguientes penas de prisión:
*Abel Di Luca, 6 años de prisión
*Tomás Siengentharler, 6 años de prisión
*Ricardo Soiza, 6 años de prisión
*Néstor Pablo Sanz, 5 años y 6 meses de prisión
*Luis María Gallo, 5 años y 6 meses de prisión
*Laura Carolina Resnik, 5 años de prisión
*Julieta Oviedo, 5 años de prisión
Para los partícipes primarios (o partícipes necesarios), la fiscalía solicitó penas desde 3 años y 6 meses hasta 4 años y 8 meses. Específicamente, los pedidos fueron:
Alfredo Cury, imputado, defensor de Ricardo Soiza y autodefensor. Fuente (Minuto Neuquén)
*Marcos Ariel Osuna, 4 años y 8 meses de prisión
*Alfredo Cury, 4 años de prisión
*Isabel Montoya, 4 años de prisión
*Valeria Noemí Honorio, 3 años y 8 meses de prisión
*Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras, 3 años y 6 meses de prisión.
Además, el fiscal jefe solicitó la inhabilitación especial perpetua para asumir cargos públicos, accesorias legales y costas del proceso para todos los condenados, como así también el decomiso de bienes registrales.
El tribunal del juicio por la estafa con planes sociales. Fuente (Minuto Neuquén)
La maniobra defraudatoria, que consistió en la administración y cobro indebido de planes sociales, se cometió entre septiembre de 2020 y julio de 2022, afectando al erario público por un monto histórico de $153.377.900.
Durante la audiencia también se escucharon las explicaciones de algunos acusados que pidieron la palabra. Uno de ellos pidió disculpas, mientras que el resto dio sus respectivas versiones de los delitos que se probaron en su contra.
Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales. Fuente (X)
Este jueves 3 será el turno de las defensas y luego el tribunal se tomará el plazo ordinario para comunicar su decisión final, la cual deberá moverse en el rango establecido por los pedidos de la fiscalía (penas de cumplimiento efectivo) y las solicitudes que realicen las defensas, posiblemente condenas de ejecución condicional.