La fiscalía de San Martín de los Andes solicitó que Beatriz Esther Cayún sea condenada a la pena de 9 años de prisión, tras haber sido declarada culpable por el delito de incendio seguido de muerte en perjuicio del joven que era su pareja, en febrero de 2024.
Ante el tribunal integrado por Maximiliano Bagnat, Federico Sommer y Diego Chavarría Ruíz, el fiscal Gastón Ávila solicitó esa condena para Cayún por el hecho ocurrido el 10 de febrero del año pasado entre las ocho y media y nueve de la mañana.
Fiscal jefe Gastón Ávila. Fuente (MPF)
Según la acusación, la mujer y su pareja, José Emiliano Catricura, discutieron acaloradamente luego de participar de una reunión con otras personas de la comunidad mapuche Cayún a la que pertenecen. “Al llegar a la casa, Beatriz Cayún arrojó nafta y encendió un fósforo, provocando un incendio que se expandió de inmediato. Catricura quedó atrapado por una explosión que trabó la puerta; y aunque logró salir por una salida trasera, sufrió quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo y murió horas después en el hospital local”. La acusada también resultó lesionada.
Durante su alegato, el fiscal Ávila indicó que el mínimo legal para el delito -incendio seguido de muerte- es de 8 años y solicitó elevarlo a 9 años, en función de pautas agravantes como la extensión del daño —la destrucción de la vivienda familiar, la muerte del joven y el riesgo generado para el hijo de ambos— y la naturaleza de la acción en un contexto de alta sensibilidad comunitaria respecto del fuego, en una comunidad mapuche que ha atravesado situaciones traumáticas similares. Como atenuantes, mencionó que la acusada no posee antecedentes penales y que resultó lesionada durante el incendio.
El incendio de la vivienda ocurrió el 10 de febrero de 2024 en San Martín de los Andes. Fuente (La Montaña)
“Lo que está claro es que Beatriz no estaba inmersa en un círculo de violencia; no era rehén de una situación que la condicionara a actuar como actuó ni volvió menos reprochable su actuar”, ponderó el fiscal jefe, en contra de lo alegado por la defensa.
La defensa en una postura opuesta, solicitó que se declare la inconstitucionalidad del mínimo legal previsto para el delito y que se imponga una pena de 3 años de prisión en suspenso.