Con la declaración de no culpabilidad del exsubsecretario de Medio Ambiente de la provincia, Juan de Dios Luchelli, la Justicia dio por terminada la compleja investigación por el delito de contaminación con PCB –un refrigerante cancerígeno contenido en transformadores de energía eléctrica– que tuvo como imputados a exfuncionarios provinciales y directivos de la Cooperativa de Luz de Plottier.
El juez Juan Guaita dio a conocer este lunes 24 el veredicto por el que declaró no culpable a Juan de Dios Luchelli, a quien se lo juzgó por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber avanzado en una investigación, ni haber multado a la Cooperativa de luz de Plottier que no había retirado transformadores con PCB”.
El juez Juan Guaita y Juan de Dios Luchelli con su abogado. Fuente: (Cecilia Maletti)
Guaita se apegó a lo que dice la ley en cuanto a que la aplicación de las leyes ambientales y las sanciones o multas por incumplimientos o infracciones "son responsabilidad de la Secretaría de Estado o del Ministerio y no de la subsecretaría”, por lo que argumentó: “No se puede aplicar una pena por un incumplimiento a un funcionario cuya función no está alcanzada”.
Señaló que tampoco había una reglamentación interna que indicara una delegación de funciones en este sentido y no surgió durante el juicio que el imputado haya dado alguna instrucción a ningún empleado ni a otro funcionario para no investigar o “cajonear” el expediente en cuestión ni ningún otro.
Juan Guaita, el juez que absolvió al ex funcionario de Medio Ambiente. Fuente (Prensa Poder Judicial)
De todos modos, el juez destacó que, como subsecretario de Medioambiente, "se manifiesta impericia o negligencia pasible de algún tipo de sanción administrativa, pero no puede ser declarado responsable penalmente de un hecho por el cual no tiene responsabilidad legal”.
Fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid. Fuente (MPF)
Durante el alegato de clausura del juicio, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid argumentó que el imputado incumplió la normativa vigente, situación que derivó en una gestión deficiente de residuos peligrosos. Sostuvo que la omisión de controles permitió que los transformadores permanecieran almacenados sin las condiciones adecuadas, lo que generó riesgos ambientales de contaminación.
Según la acusación, la contaminación se originó por la falta de fiscalización sobre tres transformadores con PCB, que la cooperativa eléctrica de Plottier mantuvo a cielo abierto desde 2017. Entre 2019 y 2020, estos fueron enterrados en el mismo predio sin medidas de seguridad, hasta que la fiscalía los encontró en 2023 bajo un bloque de hormigón.