El fiscal de Villa La Angostura se declaró incompetente para avanzar en la investigación a un hombre que, en un posteo de su cuenta de Instagram, publicó: “Tengo la posibilidad de envenenar a la policía, a nuestra ministra y al puto presidente genchiiiiii”.
Como esa publicación hizo referencia a la posibilidad de envenenar a la ministra de Seguridad, Particia Bullrich (“nuestra ministra”), y a Javier Milei (“puto presidente”), la causa está calificada como “intimidación pública”, por lo que el fiscal Adrián De Lillo planteó que la causa deberá pasar al fuero federal, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Patricia Bullrich en la reunión del Consejo de Seguridad en Villa La Angostura. Fuente (angosturainforma).
“Siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la determinación de la competencia en los delitos de afectación pública, se debe tener cuenta si ha habido afectación a un funcionario del Estado nacional. Y en este caso entendemos que sí, porque en el evento estaba la ministra de Seguridad de la Nación”, afirmó. Otro aspecto que señaló fue que “evidentemente existió afectación a la seguridad pública”, destacó. La abogada defensora de la persona bajo investigación, no planteó objeciones al requerimiento del fiscal del caso.
La investigación comenzó el 25 de noviembre, alrededor de las seis y media de la tarde. Un hombre que cumplía funciones como mozo de un servicio de catering durante la reunión del Consejo de Seguridad Interior que se realizó en Villa La Angostura, y de la que participaba la ministra Bullrich, realizó la siguiente publicación desde su cuenta de Instagram: “Tengo la posibilidad de envenenar a la policía, a nuestra ministra y al puto presidente genchiiiiii”.
Sede del juzgado federal de Zapala. Fuente (X).
La publicación fue advertida por personal de la Policía y el fiscal solicitó el allanamiento de una vivienda en cuyo predio estaba parando la persona bajo investigación, en una casilla rodante. Fue detenido, identificado y notificado de que estaba bajo investigación por el delito de intimidación pública.
Finalmente, el juez de garantíasa, Juan Pablo Balderrama, avaló el pedido del fiscal y dispuso remitir el expediente al jugado federal de Zapala.