Una pareja que fue detenida este miércoles en Neuquén por administrar un kiosko de narcomenudeo, a la que además le secuestraron varias armas de fuego y municiones, quedó detenida con prisión preventiva por dos meses.
Así lo dispuso el juez de garantías Cristian Piana ante el pedido de la fiscal María Eugenia Titanti y el asistente Bruno Miciullo quienes llevaron adelante la audiencia de formulación de cargos por los delitos de tenencia de droga para la comercialización -narcomenudeo- y tenencia ilegal de armas de fuego. Los fiscales habían solicitado tres meses de prisión preventiva.
María Eugenia Titanti, fiscal, y Bruno Miciullo, asistente. Fuente (MPF)
Según la investigación provisoria realizada entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el acusado, R.Z, y la acusada, D.Y.S, tenían en la casa donde residen un total de 326 gramos de clorhidrato de cocaína; 42 gramos de cogollos de cannabis sativa; y cinco armas de fuego de diversos calibres (una pistola, una carabina calibre 5.5, dos carabinas calibre 22 y un revólver calibre 45), todas sin autorización legal; además de 40 cartuchos completos calibre 22.
Todo esto fue secuestrado durante un allanamiento en la vivienda ubicada en calle Castelli de la ciudad de Neuquén, realizado el miércoles 2.
Cocaína lista para su venta. Fuente (Policía de Neuquén)
Titanti indicó que "en ese domicilio los imputados fraccionaban las sustancias, en dosis destinadas al comercio, para lo cual tenían elementos tales como una balanza de precisión, dinero en efectivo, diversos envoltorios de nailon negro recortados, un posnet y lector de tarjetas de mercadopago, entre otros".
Allanamiento en un domicilio de calle Castelli de Neuquén. Fuente (Policía de Neuquén)
Tras escuchar a las partes, el juez que dirigió la audiencia, Cristian Piana, avaló la formulación de cargos, y al momento de evaluar el pedido de prisión preventiva, consideró que “un volumen de cocaína como el que se señaló es una suma de dinero importante”. Explicó que representa “la existencia de un caudal económico, que en términos de una potencial fuga podría ser utilizado”, y luego de fijar el mes de plazo para investigar que pidió la fiscalía, impuso la medida de coerción por el doble de ese tiempo, es decir, por dos meses.