Minuto Neuquen

EDUCACIÓN

Diputados del PJ impulsan un proyecto para sancionar agresiones contra docentes y personal de salud

La iniciativa plantea sanciones, prevención y asistencia ante hechos de violencia en ámbitos públicos laborales.

Nicolás Rzonscinsky
Nicolás Rzonscinsky
IFD12 Fuente (X)
IFD12 Fuente (X)

El bloque de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para abordar el preocupante incremento de agresiones contra trabajadores de la educación y la salud en Neuquén. La iniciativa busca crear un marco normativo con medidas preventivas, de protección y sanción ante hechos de violencia en espacios laborales.

El texto, impulsado por Darío Martínez y Darío Peralta, se enmarca en los recientes hechos de violencia sufridos por agentes públicos en escuelas y hospitales de la provincia. Ambos legisladores consideraron que la normativa actual resulta insuficiente frente a la magnitud de los episodios denunciados.

Darío Martínez y Darío Peralta, del bloque PJ. Fuente: (Legislatura)

El proyecto contempla medidas específicas frente a las agresiones, como sanciones económicas o arresto para quienes insulten, hostiguen o ejerzan violencia física o psicológica contra trabajadores de esos sectores. También prevé duplicar las sanciones si los ataques a docentes ocurren frente a los alumnos.

La propuesta alcanza a todo el personal de salud, docentes y no docentes que se desempeñen en instituciones públicas o privadas del territorio provincial. Además, estipula que las multas aplicadas sean destinadas directamente a las instituciones afectadas por los hechos.

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Legislatura de Neuquén.

Experiencias similares en otras provincias como Buenos Aires, Santa Fe o Tucumán sirvieron como referencia. Esas normativas incluyen campañas de concientización social sobre el impacto de las agresiones en contextos educativos y sanitarios, algo que también se incorporó al proyecto neuquino.

Los legisladores señalaron que la propuesta parte de principios de equidad y respeto a los derechos humanos, con el objetivo de garantizar un entorno laboral seguro para quienes trabajan en el sistema educativo y sanitario, sin importar su función, género o ubicación geográfica.