Un hombre, quien mediados de 2024 protagonizó un choque en la Autovía Norte que provocó la muerte de un efectivo policial motorizado y heridas muy graves a quien lo acompañaba, quedó acusado por la fiscalía este martes 29.
La fiscal Lucrecia Sola y la asistente letrada Agustina Bouyer acusaron a L.A.L por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas graves, en concurso ideal y agravados por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor en carácter de autor.
Asistente Agustina Bouyer y la fiscal Lucrecia Sola. Fuente: (MPF)
La teoría que investigan el Ministerio Público Fiscal y la policía neuquina es que el choque ocurrió el 13 de junio de 2024 pasadas las seis de la mañana, en la intersección de Ruta 22 y calle Los Paraísos, en la zona de meseta de Neuquén.
El imputado, L.A.L, conducía una camioneta Toyota Hilux en sentido Norte con dirección a la Autovía Norte y la víctima, un efectivo de la Policía de Neuquén identificado como Ernesto Jonatan Godoy, manejaba una motocicleta Mondial 150 centímetros cúbicos en sentido contrario –hacia Cipolletti-, llevando a una mujer como acompañante.
Así quedó la camioneta que provocó el choque. Fuente: (La Voz del Neuquén)
En esas circunstancias, el acusado conduciendo de forma imprudente y antirreglamentaria, realizó un giro hacia la izquierda -violando la normativa vigente que prohíbe realizar esa maniobra- para ingresar a la calle Los Paraísos y provocó el choque de frente con la moto. Producto del impacto, Godoy salió despedido sobre la camioneta, mientras que la acompañante golpeó contra el parabrisas.
Por las lesiones recibidas, Ernesto Jonatan Godoy falleció en el lugar y su acompañante fue trasladada de urgencia al Hospital. Allí fue intervenida quirúrgicamente y permaneció internada dependiendo de terceras personas para las tareas mínimas de higiene, alimentación y movilización.
Publicación de la Policía para despedir a Ernesto Jonatan Godoy, victima del siniestro vial. Fuente: (Policía de Neuquén)
El abogado particular que intervino como querellante en representación de las víctimas adhirió a la calificación legal y los hechos descriptos por las representantes del MPF. La jueza de garantías Carina Álvarez, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos de acuerdo a lo solicitado por las partes acusadoras y fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses.