La empleada de la Secretaría de Turismo de Villa La Angostura, que fue despedida, en agosto del año pasado, por operar con dólares en su oficina, presentó una demanda contra el Municipio por persecución gremial. Según su abogado, la sanción tuvo como trasfondo su condición de delegada congresal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y se aplicó sin la autorización judicial correspondiente.
El sumario administrativo, impulsado por la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina (JACAD), se inició luego de una denuncia interna radicada en 2023. El organismo evaluó que la trabajadora había incurrido en una falta grave y reincidente, al realizar transacciones de divisas en horario laboral y dentro de una dependencia pública.
Oficina de Turismo de Villa La Angostura. Fuente (Angostura Informa)
En su presentación judicial, la defensa reconoció que existieron operaciones con dólares y otras monedas extranjeras, pero señaló que el procedimiento careció de garantías. Argumentaron que se violaron la Ley 23.551 y las constituciones nacional y provincial, al no haberse solicitado el levantamiento de la tutela sindical ante un juez competente.
La mujer aseguró que, tras asumir responsabilidades dentro de ATE, comenzó a recibir presiones por parte de autoridades municipales. Mencionó su participación en sesiones del Concejo Deliberante y en reclamos laborales como posibles desencadenantes de lo que calificó como un accionar persecutorio.
La exfuncionaria denuncia que la persiguen por su trabajo gremial. Fuente: (Facebook)
También cuestionó la imparcialidad del proceso sumarial. Su abogado sostuvo que la misma estructura que inició la investigación fue la que dictó la resolución, lo que —según su visión— vulneró principios básicos del debido proceso. Insistió en que hubo una intención política de apartarla.
Desde el Ejecutivo local ratificaron la legalidad del despido y sostuvieron que la conducta atribuida justificó la medida. Consideraron que el uso reiterado de una oficina pública para intercambiar dólares representó una infracción seria a los deberes del cargo. Ahora será la Justicia la que defina si existió discriminación por razones gremiales.