La contratación fallida de Jimena Barón para presentarse en la Fiesta Nacional de los Jardines en Villa La Angostura escaló en complejidad judicial y política, luego de que se confirmara que la firma del representante de la artista en el contrato municipal era falsa. El caso, que involucra a ex funcionarios de la gestión del entonces intendente Fabio Stefani, derivó en una investigación que podría tener consecuencias penales y administrativas, además de poner en tela de juicio los mecanismos de contratación pública en eventos culturales.
El contrato en cuestión fue firmado en diciembre de 2019 y estipulaba la presentación de Jimena Barón el 9 de febrero de 2020, con una duración de una hora en el escenario principal del evento. El acuerdo incluía exigencias logísticas como traslados en vehículos específicos, servicio de catering, camarín, sonido e iluminación, además de cubrir alojamiento, comidas y pasajes para 27 personas. El monto total pactado ascendía a $2.215.631, equivalente a más de 36.000 dólares en ese momento, y se acordó un pago inicial de $1.398.881 al momento de la firma, seguido por un segundo desembolso de $816.750 días antes del show.
Contrato que se encuentra en investigación.
Sin embargo, el espectáculo nunca se concretó. La presentación fue suspendida por una indisposición de la artista, lo que activó la cláusula de reintegro del contrato. Pero el conflicto tomó un giro inesperado cuando se descubrió que la firma atribuida a Eduardo Bonuccelli, supuesto representante de Barón, no coincidía con su puño y letra. El peritaje caligráfico realizado por la experta Verónica Adriana Ferraro concluyó que la firma era apócrifa. El análisis comparó la rúbrica del contrato con firmas genuinas obtenidas en audiencia judicial, revelando diferencias estructurales, de ritmo y trazado. “La firma cuestionada fue realizada en cinco tiempos escriturales, mientras que las genuinas se ejecutan en un solo tiempo”, detalla el informe.
Firmas en el contrato en donde autoridades y el supuesto representante de Jimena Barón acordaban su presentación en la Fiesta Nacional de los Jardines en Villa La Angostura.
Este hallazgo no solo invalida el contrato desde el punto de vista legal, sino que también abre la puerta a una investigación por falsificación de documento privado. La causa judicial, caratulada como “Municipalidad de Villa La Angostura c/ Bonuccelli, Eduardo y otro s/cumplimiento de contrato”, se encuentra bajo la órbita del Juzgado Civil 103 de Buenos Aires, a cargo del juez Ariel Ignacio Fongini. El magistrado resolvió suspender el plazo para dictar sentencia y ordenó una pericia contable exhaustiva en la Municipalidad, que incluirá el análisis de órdenes de pago, transferencias, retenciones, ingresos brutos y movimientos financieros vinculados al contrato.
Firma del representante de Jimena Barón.
Los funcionarios implicados en la firma del contrato son el exintendente Fabio Stefani y el exsecretario de Gobierno Daniel Brito. Ambos estamparon sus firmas junto a la del supuesto representante, y Brito además autorizó el primer pago tres días después de la firma del convenio. Este punto es especialmente sensible, ya que la orden de pago también lleva la firma falsa de Bonuccelli, representante de la cantante, lo que podría comprometer aún más la responsabilidad del ex funcionario.
Jimena Barón se mantiene al margen de esta polémica y no realiza declaraciones.
La comuna, por su parte, busca recuperar el dinero abonado, pero la falsedad de la firma complica la viabilidad del reclamo. Si el contrato se considera nulo, no habría vínculo legal que obligue al reintegro, a pesar de que el municipio cumplió con su parte del acuerdo. Este dilema jurídico se suma a las críticas por la falta de controles en la contratación de artistas, especialmente en eventos financiados con fondos públicos. El caso generó repercusiones en el ámbito político local, donde se cuestiona la transparencia de la gestión anterior y se exige mayor rigurosidad en los procedimientos administrativos. Mientras tanto, Jimena Barón no fue señalada como responsable directa del conflicto, ya que su participación se limitaba a la actuación pactada, la cual nunca se concretó. La artista no emitió declaraciones públicas sobre el tema, y su entorno tampoco confirmó si estaba al tanto del contrato firmado en su nombre.